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La directora de investigaciones económicas de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá dice que estas inversiones se convierten en las 'alcancías' para los tiempos difíciles pero no sólo del capo sino de sus familiares y testaferros. Por eso las defienden, literalmente, a muerte.

Prueba de ello es el reto que han tenido la Dirección Nacional de Estupefacientes y algunos miembros de las lonjas del país al recuperar los 10.500 bienes a los que se les ha extinguido el dominio.

Varios inmobiliarios cuentan que hace cinco años consideraron seriamente devolver la administración de los bienes pues, cuando llegaban, muchos de los invasores de las lujosas casas les disparaban con rifles. Esta situación era especialmente crítica en las mansiones situadas en La vuelta del río, un exclusivo sector de Chía (Cundinamarca).

Según Rosario Gómez, directora de investigaciones económicas de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, recuperar la tenencia de esos bienes fue una labor titánica que tardó unos dos años pues "los residentes, acostumbrados a vivir gratis, ni siquiera abrían la puerta porque creían que los iban a sacar. "Las deudas por administración y servicios eran en muchos casos millonarias, pues no había quién las pagara. Además, los pocos que tenían contratos se amparaban en cláusulas absurdas".

Así, encontraron lujosísimos apartamentos en Los Rosales alquilados por 200.000 pesos y otros con cánones de 9 millones pero que autorizaban que 8 se dedicaban a las 'reparaciones' locativas durante los siguientes 20 años.

"Hay bienes que generan una altísima responsabilidad, algunos tienen pinturas de reconocidos artistas hechas en la pared durante una noche de tragos, otros son bienes de altísimo interés cultural, verdaderos íconos que no se pueden dejar derrumbar", agrega Gómez.

Uno de esos complejos casos es el Castillo de Marroquín, que está conformado por unos 15 predios diferentes. En el otro extremo están varias casas en la zona del Cartucho y cinco huecos, que nunca se pudieron administrar pues los expendedores de drogas son tan peligrosos que nadie se atreve a acercarse.

Ni hablar de la cantidad de embargos efectuados por la DIAN, deudas a terceros, problemas hipotecarios y expensas comunes. Otros bienes estaban totalmente desmantelados o destruidos y se necesitaron altas inversiones para hacerlos productivos de nuevo. 

Los vecinos de locales de Unicentro, CentroChía y otros centros comerciales han sufrido por años la desvalorización y la molestia que causa tener cerca un bien deteriorado.

"De hecho, a veces es difícil alquilarlos pues pocas personas quieren estar en un bien con este tipo de antecedentes", dice Gómez.

El otro 'muro' fue lograr que los arrendatarios, como los hijos y los familiares de los capos, fuesen aprobados por las aseguradoras para no tener que desalojarlos.

"Los bienes del Estado deben ser tratados con el mismo respeto que los de cualquier persona particular. Quienes allí habitan o trabajan deben cumplir las condiciones de los contratos, pagar los alquileres y tener los seguros necesarios.

"Al principio, muchos supuestos 'amigos' de altos funcionarios de la DNE y de políticos o de fundaciones llamaban a exigir inmuebles gratis. Pero al confirmar la recomendación nos dábamos cuenta de que nadie los conocía ni se había dado tal orden... así empezaron las invasiones de muchos inmuebles. La comunicación oficial es vital para atajar este tipo de 'goles' contra los bienes que custodia el Estado".

"Actualmente, cuando algún inquilino deja de pagar, la aseguradora le gira de inmediato a la inmobiliaria, así se cumple con el pago a la DNE. De los 230 millones de pesos que se empezaron a recaudar en el 2005 llegaron a 2.300 millones mensuales. Antes de que los administraran los inmobiliarios privados, los recaudos no superaban los 140 millones de pesos", concluyó Gómez.