Es lo que se conoce como una 'papa caliente'. No de otra manera puede calificarse el dilema que enfrenta la administración de Barack Obama, por cuenta del escándalo derivado del pago de millonarias bonificaciones a los ejecutivos de la aseguradora AIG, que ha tenido que ser rescatada en varias oportunidades con fondos salidos del Tesoro estadounidense.
Para los críticos de lo sucedido, es inexplicable que centenares de ejecutivos de compañías que han tenido que recibir salvavidas del fisco, resulten beneficiados con pagos millonarios. Según el público, dicho grupo es responsable de la debacle que afecta a la economía norteamericana, por lo cual es contradictorio que se paguen valores astronómicos, justo en momentos en que aumentan la pobreza y el desempleo.
Ante las protestas, la Cámara de Representantes en Washington, aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley que le aplicaría una tarifa impositiva del 90 por ciento a las bonificaciones recibidas después del primero de enero, por individuos que ganen más de 250.000 dólares al año y que trabajen en compañías que hayan obtenido más de 5.000 millones de dólares en fondos federales.
Aunque todavía falta la versión del Senado, todo indica que el esfuerzo legislativo apunta a castigar a los receptores de dichos dineros, quitándoles buena parte de lo recibido.
El problema es que eso implica cambiar un esquema de remuneración, en el cual se pagan salarios básicos bajos y premios, dependiendo de los resultados. Debido a ello, la Casa Blanca tiene sentimientos encontrados sobre si preferir una medida populista o actuar con cabeza fría.
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