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Mucho entusiasmo ha despertado el Decreto 525 de febrero de 2009, que reduce gradualmente los aportes parafiscales durante los tres primeros años de funcionamiento de las pequeñas empresas. Hay quienes sostienen que representa un importante avance en la lucha contra la informalidad y un considerable estímulo para la generación de nuevos empleos.

Esta nota pretende calmar los ánimos y aterrizar algunas consideraciones al respecto. Empecemos con un poco de historia.
En primer lugar, hay que reconocer que no hay nada de novedoso en la reducción de las contribuciones al Sena, ICBF y Cajas de Compensación a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas -al 25 por ciento de su valor total durante el primer año de operaciones, al 50 por ciento durante el segundo y al 75 por ciento durante el tercero-; todo ello se originó en la Ley 590 de 2000. En los primeros nueve años de vigencia de esta ley muy pocos empresarios han aprovechado estos descuentos y sería interesante conocer las razones de este comportamiento tan poco racional. Luego vino la Pila y quienes efectuaron su desarrollo olvidaron la existencia de los descuentos previstos en la Ley 590, así que la planilla electrónica no permitía efectuar dichas deducciones. De ahí la necesidad de corregir tal distracción con la expedición del mencionado decreto.

Ahora bien, ¿en cuánto reduce los costos laborales el Decreto 525? Si los sobrecostos adicionan un 71 por ciento al valor de la nómina, la disminución será equivalente a un 0.039 el primer año y a un 0.013 el último. ¿Son estas rebajas de una magnitud suficiente para modificar las decisiones de contratación de los empresarios? Resulta difícil pensar que sí. Es muy probable que de ahora en adelante los pequeños empresarios hagan valer sus derechos, pero es también muy plausible que no se generen empleos adicionales. Y, no sólo será inverosímil un aumento de la demanda de trabajo, sino que tampoco se dará el esperado aumento del empleo formal.

De hecho, en el sector informal no sólo no se pagan los aportes parafiscales y demás contribuciones, sino que los salarios son inferiores al mínimo legal. Y formalizarse implica pagar a los trabajadores por lo menos un salario mínimo. El cuadro anexo evidencia las grandes diferencias existentes actualmente en términos de sueldos entre sector formal e informal. Por ejemplo, un asalariado con al máximo un diploma de primaria, en el sector formal debe ser remunerado con un salario mínimo mensual, al cual el empleador debe sumar un sobrecosto del 71 por ciento por contribuciones varias, incluida la seguridad social y la parafiscalidad. El mismo trabajador en el sector informal le costaría casi un 40 por ciento menos y no provocaría ningún pago adicional.
La diferencia es abismal, de alrededor 130 puntos, y no puede ser eliminada con la reducción total o parcial de los parafiscales.

Luego, hay muy pocos estímulos por parte de los productores informales a emprender el camino de la formalización.
En fin, es cierto que existe un grave problema de informalidad laboral y de excesivos recargos laborales en la legislación de nuestro país; empero, la cuestión salarial no parece ser la decisiva.
Según la OIT, el 73,3 por ciento de los trabajadores informales del mundo estaría en esta situación por motivos de baja productividad y un 26,6 por ciento lo estaría por razones de flexibilización del empleo formal. En el caso específico de las pequeñas empresas la OIT resalta que "existe una suerte de paradoja en lo que se refiere a la promoción de las mype, ya que, mientras se implantan y ejecutan programas de apoyo específico para ellas, el marco reglamentario es en general adverso para las empresas pequeñas en una serie de esferas que van desde los sistemas de registro para la apertura de empresas hasta los reglamentos de comercio, finanzas y exportación que limitan seriamente la capacidad de este tipo de empresas" (OIT, Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015, mayo 2006, pag. 57).

En otras palabras, la informalidad es un fenómeno complejo, determinado no solamente por factores que afectan la demanda de trabajo, sino también por factores de oferta y por condiciones de productividad, de acceso a mercados, de tributación, de costos para empezar una iniciativa empresarial, de registros y papeles varios.

Aunque si limitamos nuestras consideraciones al campo estrictamente laboral, no podemos negar la existencia de subsidios perversos -muchos de ellos relacionados con el Sisbén- que reducen la oferta de trabajadores formales y tampoco podemos quedarnos callados al examinar otros sobrecostos laborales. Por ejemplo, aquellos relacionados con pensiones y salud. Para estos conceptos en Colombia se paga entre 28,5 por ciento y 30,5 por ciento de los ingresos declarados. En Chile, sólo el 19,5 por ciento y en Perú el 22 por ciento. Es decir, nuestros colegas chilenos y peruanos pagan entre un 7 y un 11 por ciento menos que nosotros y deben recibir más o menos los mismos servicios. ¿Esto no da para pensar?

En conclusión, una política de formalización empresarial debe ser integral y tener visión de largo plazo. El contrario de lo que se está proponiendo ahora con medidas parciales e inmediatistas de reducción de las solas contribuciones parafiscales.