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Es bien conocido que el problema del desempleo creciente es una de las principales consecuencias negativas de la crisis financiera internacional. En el caso de Colombia la tasa de desempleo abierto es una de las más elevadas entre el conjunto de cerca de cincuenta países avanzados y emergentes a los cuales les hace seguimiento semanal la revista The Economist. Según su última edición, la tasa de desempleo de Colombia del 14,2 por ciento sólo es superada por España 14,8 por ciento y Suráfrica con un inimaginable 21,9 por ciento.

Esta situación ha hecho reflexionar recientemente a los analistas económicos y a los políticos sobre la importancia de disponer de un sistema bien organizado de seguro de desempleo. El primero en plantear públicamente la importancia de formalizar un esquema para nuestro país fue Andrés Arias, destacado economista y ex ministro, quien actualmente compite por la candidatura del Partido Conservador Colombiano para la Presidencia de la República.

Guillermo Perry, conocido ex ministro de Hacienda, hace algunos días, también hizo referencia al asunto en una columna de prensa.

Respecto al tema del seguro en Colombia cabe recordar que en la Reforma Laboral del 2002, por sugerencia del entonces ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, se introdujo un esquema muy limitado de apoyo con recursos públicos a los desempleados.

Recuerdo bien que, siendo yo su colega de Hacienda en ese entonces, le argumenté que la situación fiscal de la nación no permitía apoyos amplios al desempleo exclusivamente con recursos públicos. Su infortunada desaparición en un accidente aéreo no permitió que su iniciativa de establecer un seguro de desempleo más ambicioso se cristalizara.

No obstante, es importante destacar que, por iniciativa propia, varias de las empresas aseguradoras colombianas han comenzado a establecer esquemas privados de aseguramiento contra el desempleo, fundamentalmente para cubrir obligaciones financieras, como saldos débitos en tarjetas de crédito y otro tipo de obligaciones crediticias, aunque también se han desarrollado esquemas de apoyo para gastos esenciales, como mercado y pago de servicios públicos en microseguros.

Todas estas circunstancias han llevado a la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, a estudiar los seguros de desempleo en el mundo con el fin de analizar sus ventajas y desventajas, características deseables y mecanismos de financiamiento. De la amplia bibliografía disponible, incluyendo un magnífico trabajo de Álvaro Reyes para Colombia, se colige que el seguro busca cubrir parte de la pérdida de ingreso que sufre el trabajador; que esta tasa de reemplazo en los ingresos típicamente corresponde entre el 45-70 por ciento del salario anterior; que el seguro es aplicable a las personas que han estado contribuyendo al sistema durante varios meses; que la cobertura se limita, generalmente, a seis meses y que los aportes corresponden tanto al trabajador, como a su empleador y, en algunas ocasiones, al Gobierno.

Si bien se encuentra que el principal beneficio del seguro es permitir al trabajador mantener su consumo en épocas de desempleo, y que el sistema ofrece ventajas macroeconómicas, también se ha identificado que puede tener problemas, principalmente, relacionados con la selección adversa; esto es, con el hecho que sólo tienden a asegurarse aquellos con mayor probabilidad de quedar desempleados. Para evitar estos problemas, en muchos países, el seguro se hace obligatorio.

Estas circunstancias, sumado al hecho de que el seguro prolonga el periodo de desempleo, exigen que el esquema de éste sea adecuadamente diseñado, con particular atención en las fuentes de financiamiento, antes de formular propuestas legislativas precipitadas. Hacemos un llamado a las autoridades a analizar cuidadosamente el tema, evitando decisiones improvisadas, como una reciente que prohíbe a las compañías de seguros de vida ofrecer este tipo de coberturas. 

rjunguito@fasecolda.com