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La mala noticia se veía venir. Y es que en contraste con las afirmaciones de hace unos meses en las cuales diversos funcionarios afirmaron que la economía nacional estaba 'blindada' frente a la crisis mundial, de unos días para acá el Gobierno empezó a cambiar el tono hacia uno más circunspecto. El caso más evidente fue el del presidente Álvaro Uribe quien a mediados de la semana reconoció que la magnitud de los problemas había sobrepasado todos los cálculos hechos. Pero la confirmación definitiva tuvo lugar ayer, cuando el Dane anunció que el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año pasado había disminuido a 2,5 por ciento, una cifra muy inferior a la meta oficial y equivalente a una tercera parte de la registrada en el 2007. Buena parte de lo sucedido fue el resultado de una contracción entre octubre y diciembre, derivada a su vez de una disminución del 8 por ciento en la industria y la construcción en ese periodo, y de un ligero retroceso de la agricultura y el comercio.

Así las cosas, el país quedó a las puertas de estar oficialmente en recesión, definida por los técnicos como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. La razón es que los datos disponibles sugieren que el comienzo del 2009 no ha sido precisamente el mejor. Tanto la producción industrial como el empleo cayeron en enero, mientras que la demanda de energía apenas subió en el primer bimestre. Para colmo de males, no solo los precios de las principales materias primas de exportación han descendido en forma abrupta, sino que los vendedores de bienes manufacturados han sentido una fuerte disminución de los pedidos, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Ante la acumulación de malas nuevas, el equipo económico decidió tomar el toro por los cuernos y reducir drásticamente la meta de crecimiento anual, que ahora se ubica en un rango entre 0,5 y 1,5 por ciento.

Ese objetivo es al mismo tiempo, y por más contradictorio que parezca, malo y bueno. Por una parte, es indudable que un aumento tan débil del PIB es a todas luces insuficiente, tanto desde el punto de vista del promedio histórico del país, como del nivel que es necesario para avanzar en la lucha contra la pobreza y la informalidad. Sin embargo, mantener al país en el terreno positivo es muy bueno, si se tiene en cuenta que la economía mundial atraviesa su peor encrucijada en más de seis décadas.

Aunque las comparaciones son odiosas, basta registrar que en el mismo trimestre en el que la producción en Colombia cayó en uno por ciento, la de Estados Unidos lo hizo en casi 7 por ciento.

Debido a que en ninguna parte del planeta el 'palo está para cucharas', ni los mercados, ni los asistentes a la Asamblea del BID en Medellín le dieron exagerada trascendencia al asunto.

Hecha esa salvedad, no deja de ser llamativo que el sector público, tanto el central como el descentralizado, tuvieron su cuota de responsabilidad en lo sucedido. El motivo es que, de acuerdo con el Dane, hubo una reducción en el capítulo de obras civiles, asociadas a la inversión pública. Todo indica que el cambio de administraciones en municipios y departamentos llevó a que los programas de ejecución de gastos no se cumplieran, algo que resultó favorable para las cifras fiscales, pero que impidió la puesta en marcha de planes contracíclicos. De acuerdo con Planeación Nacional, los gobiernos regionales y locales se quedaron con casi 4 billones de pesos en caja en el 2008.

Por otro lado, lo sucedido volvió a dejar en claro la incapacidad del Gobierno para mover dos temas fundamentales: infraestructura vial y vivienda. Aunque no es bueno llorar sobre la lucha derramada, es indudable que los datos no hubieran sido tan preocupantes si obras largamente aplazadas como la Ruta del Sol o los programas de casas de interés social, hubieran comenzado temprano y no tarde.

Ante la certeza de que se ha perdido un tiempo valiosísimo, la pregunta es si habrá posibilidades de enmendar la plana. Ese fue uno de los temas discutidos durante un Consejo de Ministros citado en forma extraordinaria el lunes pasado, pues es claro que no basta con mantener la confianza inversionista o insistir tozudamente en el modelo ensayado, si el fisco no es capaz de ejecutar los recursos destinados para ayudarle al país a sobrellevar la crisis.