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Esa es la idea que motivó al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, a convocar para hoy a la Comisión, cuyos miembros abordarían, por fin, el examen de temas diferentes al no siempre acordado aumento del salario mínimo.

El desempleo subió a 14,2 por ciento en enero, una variación anual de 12,2 por ciento mientras que la ocupación apenas creció 2,1 por ciento.

La descolgada del PIB entre octubre y diciembre fue una verdadera sorpresa para el Gobierno y el sector privado. Aunque la tecnocracia oficial estimó una cifra negativa, el dato entregado el viernes por el Dane fue peor a lo esperado.

Los cálculos del DNP se estiraban hasta un descenso trimestral máximo de 0,5 por ciento, que para el año completo arrojaban un crecimiento inferior a 3,2 por ciento, que fue el que anticipó el presidente Álvaro Uribe en Medellín hace 11 días en la cumbre de gobernadores.

Sin embargo, las malas noticias de la crisis internacional y domésticas de enero, cuando la producción industrial cayó 10,7 por ciento y las ventas minoristas 4,5 por ciento, entre otras, ameritaban repasar las cifras.

Ese fue el ejercicio con el que comenzó el consejo extraordinario de Ministros realizado el lunes festivo. La situación, a no dudarlo, era crítica, pero el presidente Álvaro Uribe, aunque preocupado, estaba en calma hasta cuando le informaron que los departamentos y municipios habían terminado el año con cinco billones de pesos en cuentas de ahorro y TES en vez de destinarlos a la inversión pública

El Presidente se enfureció y comenzó a pedirles cuentas a los ministros sobre la ejecución del gasto de sus respectivas carteras. A las 11 de la noche, siete horas después de iniciada la reunión, prácticamente estaba montada una estrategia para que estos funcionarios saquen adelante los proyectos de inversión. El DNP coordinará estas acciones e incluirá a los departamentos y municipios.

A los gobernadores se les dijo en Medellín que se había frenado la inversión pública regional y que es necesario proceder a su ejecución, comentó el viernes la directora del DNP, Carolina Rentería. Esta es la nuez de la política oficial y se insistirá en ella en la reunión de hoy de la Comisión de Concertación.

Las condiciones económicas actuales, dijo el presidente de Acopi, Norman Correa, que tiene asiento en la Comisión, obligan a jugarle al "todos ponen" porque la situación es muy compleja y alude a la necesidad de que el sistema financiero no les quite "la sombrilla" crediticia a las pymes, que generan el 70 por ciento del empleo en el país.

Entre las ideas que han venido evaluando los empresarios sobre un plan de choque, señaló el directivo, está la de que si un sector de la producción tiene que despedir trabajadores, estos puedan migrar rápidamente hacia otras áreas para no dejarlos desprotegidos a ellos y sus familias.

Igualmente, reiteran la necesidad de contar con una financiación diferente a la de la banca tradicional y se exploran mecanismos como el de los fondos de capital privado, que el Bancóldex ha venido impulsando en los últimos meses.

Aunque el aval del Fondo Nacional de Garantías a los préstamos otorgados a las pymes por el sistema financiero no es un instrumento nuevo, el miércoles se decidió subirlo del 50 al 70 por ciento, "con lo cual no solo estamos estimulando los créditos sino que estos tengan plazos de por lo menos dos años", dijo el presidente de la entidad, Juan Carlos Durán.

La propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a la Comisión -la CGT llevará su propia iniciativa- parte de la base de que el modelo económico no es viable, según el presidente del gremio, Tarsicio Mora, y contiene, entre otros puntos, el fortalecimiento de los salarios y del mercado interno y una redistribución de las utilidades empresariales a favor de los trabajadores.

Igualmente, llevar a cabo un examen de la reforma laboral del 2002, que, señala Mora, debilitó las relaciones obrero-patronales y deterioró la calidad del trabajo y el ingreso de los trabajadores; piden, además, apoyo cierto a las mipymes y descentralizar el crecimiento industrial para que muchas ciudades y regiones se conviertan en polos de desarrollo.

Esos son algunos de los ingredientes con los que la Comisión de Concertación intentará armar un verdadero plan de choque. Los ministros son los primeros interesados en que esto se logre para, entre otras cosas, evitarse un nuevo jalón de orejas en la Casa de Nariño.

Las medidas que están en marcha

Colombia, ha proclamado insistentemente el Gobierno, está en una posición relativamente mejor que muchos otros países para enfrentar la desaceleración, "pero su capacidad de resistencia depende de qué tanto dure y qué tan profunda sea la crisis internacional", advirtió la directora del DNP, Carolina Rentería.

Para tratar de blindar la economía colombiana y estimular el empleo, además de la apuesta por la ejecución de la inversión pública nacional y regional, se han adoptado algunas medidas, como poner a disposición cinco billones de pesos (a través de Bancóldex) para las empresas, principalmente las pequeñas y medianas.

También permitió una reducción de aportes parafiscales de las pymes en sus primeros tres años de operación y aprobó la apertura de 250.000 cupos adicionales en el Sena para capacitación de personas entre 18 y 30 años, los cuales recibirán subsidios de sostenimiento (el costo será de 250.000 millones de pesos).

El Banco de la República, por su parte, bajó nuevamente su tasa de interés hasta 7 por ciento.

JORGE CORREA C.
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS