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Este procedimiento "no tiene en cuenta las especificidades propias de las distintas modalidades del ilícito en cuestión", de manera que, en muchos casos, "los objetivos de proteger los derechos de terceros y de preservar la confianza del público, en general, resultan inocuos".

De acuerdo con la Procuraduría, "queda claro que al otorgar facultades adicionales de intervención a la Superintendencia de sociedades y los agentes interventores correspondientes, no está vulnerando ningún valor principio o derecho fundamental y, por el contrario, está fortaleciendo la colaboración armónica que constitucionalmente debe imperar entre las distintas ramas y órganos del poder público".