Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

La presentación del anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2010, elaborado por el Gobierno y entregado al Congreso la semana pasada, pasó relativamente desapercibida en el país, por cuenta de los días santos. No obstante, en la medida en que las actividades vuelven a la normalidad, no estaría de más que los especialistas y la opinión le den tiempo a mirar uno de los temas que amenaza con ser un inmenso dolor de cabeza en el futuro. La razón es que debido a la profunda desaceleración de la economía, las cuentas públicas cada vez cuadran menos.

Es cierto que parte de ese creciente desfase entre ingresos y gastos ha sido advertido por el Ministerio de Hacienda y que, dentro de la nueva tendencia mundial de mayor flexibilidad hacia los déficit públicos, el anuncio de un saldo en rojo mayor al proyectado hace unos meses fue recibido con tranquilidad por los mercados. En cifras concretas, el faltante estimado para el 2009 equivale ahora al 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto, más de un punto porcentual por encima del correspondiente al año pasado. Ese deterioro es consecuencia directa de menores recaudos esperados, con lo cual la meta de 75 billones de pesos que existía en el marco fiscal de mediano plazo para el presente ejercicio, ahora está en 69,1 billones.

El problema es que los resultados son todavía peores. A comienzos de abril, el Director de la Dian reveló que entre enero y marzo se recibieron 16,1 billones de pesos en impuestos, frente a los 16,8 billones que se habían pronosticado con base en un crecimiento económico cercano al 3 por ciento anual. Aunque el funcionario aseguró que parte de ese bajón es recuperable, lo sucedido es un campanazo de alerta para un Gobierno que trata de mantener intactos sus programas, con el argumento de que necesita poner en marcha iniciativas contracíclicas con el fin de atenuar el impacto de la crisis sobre la producción y el empleo.

Pero incluso si el Ejecutivo logra mantener la casa en orden en estos meses, la gran incógnita recae en el próximo año. El motivo fundamental es que los recaudos proyectados por impuesto de renta, estimados en más de 28 billones de pesos para el 2009, podrían disminuir, porque las utilidades empresariales se verían sensiblemente afectadas por el menor ritmo de la actividad económica. Mención aparte merece el caso de Ecopetrol, cuyo peso en las finanzas públicas es inmenso, no solo por los tributos que paga, sino por los dividendos que reparte. Si bien la salud financiera de la empresa se mantiene, es evidente que en un escenario de precios del petróleo a la baja no tendrá las mismas ganancias que registró en su último balance, con lo cual el impacto sobre los ingresos del sector público será de varios billones de pesos.

A la luz de esas realidades previsibles, el Congreso debería comenzar un examen a fondo de las cuentas presentadas. Aunque lo remitido la semana pasada es más un compendio de aspiraciones de diferentes entidades que un plan definitivo, pues éste se conocerá hasta la próxima legislatura, la situación amerita un análisis concienzudo. Y es que si el deterioro supera los escenarios considerados, es mejor empezar a consolidar acciones correctivas más temprano que tarde.

En respuesta, no faltará quien diga que para senadores y representantes resulta mucho más atractivo concentrarse en el tema de la reelección, en la reforma política o en el proyecto de impuestos territoriales que en estos asuntos. Pero sin desconocer que el país está en plena etapa preelectoral, hacer caso omiso de las señales de alerta no solo sería un error, sino que rayaría en el terreno de lo irresponsable.

También estaría equivocado el Gobierno si considera que bajarle el perfil al debate le conviene. Más allá de la incógnita sobre si Álvaro Uribe aspirará o no a un tercer mandato constitucional, lo que menos necesita el actual inquilino de la Casa de Nariño es que la bomba fiscal estalle en el primer semestre del 2010, justo cuando los votantes deberán ir a las urnas. Semejante eventualidad acabaría afectando lo que el mandatario ha dicho que quiere preservar por encima de todo: la continuidad de sus políticas y, sobre todo, de la Seguridad Democrática.