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A raíz de los planteamientos de Monseñor Rubiano, primado de Colombia y de Rubén Salazar, Arzobispo de Barranquilla y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, sobre su oposición a que se cambie nuevamente la Constitución con nombre propio, le han llovido 'rayos y centellas' a estos dos jerarcas por parte de personas interesadamente allegadas al uribismo. El Ministro del Interior -otrora competidor boxístico del actual mandatario- ha traído la infortunada comparación entre los periodos presidenciales y los de cardenales y obispos, y hasta del Papa. Un joven político convertido en 'bufón del régimen', y a quien a veces el Gobierno utiliza para insultar a sus contradictores, dice que esas intervenciones eclesiásticas pueden acarrear hasta 'derramamiento de sangre' trayendo inadecuadas alusiones al pasado.

Es cierto que durante el siglo XIX y buena parte del XX, la jerarquía católica intervino en la política partidista, casi siempre a favor del conservatismo. Es conocido el hecho histórico de que la hegemonía conservadora se terminó en el año 30 con la llegada de Olaya Herrera, en buena parte, porque monseñor Perdomo no se decidió por uno de los candidatos conservadores, el maestro Valencia y el general Vásquez Cobo. Durante casi toda la hegemonía conservadora, los candidatos debían recibir la previa aprobación del arzobispo. Es recordada también la férrea oposición católica al Gobierno de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo. Pero ya a partir del Frente Nacional, la Iglesia Católica perdió cualquier influencia seria en la lucha por el poder entre los dos partidos tradicionales. Lo que hubo luego fue el surgimiento de los 'curas rebeldes', siendo el más emblemático Camilo Torres Restrepo.

Tal vez la última intervención clara se dio durante el Gobierno de López Michelsen, cuando el presidente tuvo que echar para atrás el nombramiento de Dora Luz Campo como gobernadora de Risaralda, por la presión del entonces obispo de Pereira, monseñor Castrillón, para quien era inaceptable que una mujer casada por lo civil pudiera ser la mandataria regional. De entonces a hoy, la Iglesia se ha limitado a expresar su opinión sobre los distintos temas de la agenda pública de la nación: la paz, la guerra, la economía, la lucha contra la corrupción, el secuestro, la perversión de la democracia, o la solución al conflicto armado.

Fue ingeniosa y celebre la 'parábola del elefante' de monseñor Rubiano durante la administración Samper, para referirse a la penetración del cartel de Cali en la campaña presidencial. Nadie le dijo entonces que estaba interviniendo en política (al contrario, todos los opositores a Samper utilizaban el símil) ni se le acusó de que podría generar derramamiento de sangre. Tampoco pareció extraño que la jerarquía eclesiástica elogiara -como sigue haciéndolo- la gestión del presidente Álvaro Uribe.

Los prelados se han limitado -en medio del marasmo nacional- a
advertir sobre el riesgo que se corre de convertir la Constitución en un vestido que se quita o pone cada cuatro años según la ocasión. Han dicho ellos que la democracia corre un grave riesgo si un mandatario pretende a como dé lugar, perpetuarse en el poder.

Como ya pasó en el Perú de Fujimori y está ocurriendo en la Venezuela de Chávez. No están ellos promoviendo candidaturas ni atacando al Gobierno. Simplemente, están defendiendo el juego democrático.

Muy infortunada la comparación del Ministro del Interior. Ni los obispos y cardenales son de elección popular, ni para su carrera tienen que estar cambiando el Código Canónico, ni el presidente Uribe es el Papa. ¿O será doctor Valencia Cossio que para la salud de Colombia su antiguo contradictor debe quedarse hasta la edad de los 80 años, cuando se retiran los cardenales? 

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