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Hasta finales de enero, durante dos años, mis tareas profesionales incluyeron la de ser el representante legal de la Confederación Nacional de Transporte Urbano, Conaltur. El nombre es más grande que la realidad, como suele ocurrir con las numerosas organizaciones gremiales colombianas, aún las más visibles. Los miembros de Conaltur están principalmente en Bogotá. Éstos son empresas individuales u organizaciones 'de primer grado' en las que se agrupan sociedades por acciones o cooperativas. Puede afirmarse, sí, que la Confederación es un representante válido de la comunidad del transporte colectivo en Bogotá.

Durante este par de años aprendí mucho, y por ello les estoy muy agradecido a la gente del transporte y a sus líderes empresariales: fue toda una beca de estudios. Pero no me voy a autograduar de 'experto'. El tema es fascinante y enredadísimo. Cuando me metí en esos laberintos, me sorprendí del tamaño de mi propia ignorancia, no solo como economista o interesado en las cosas públicas, sino como ciudadano. Ahora puedo, con un mínimo de autoridad, endilgarles esa ignorancia a la gran mayoría de los opinadores y editorialistas, y a la comunidad en general. Es impresionante, pero no es exclusivo de ese sector social: una realidad que invade todos los rincones urbanos es una cosa cuya naturaleza, composición y relaciones internas son desconocidas para quienes usan y sufren el transporte colectivo.

Percibo que la mayoría de los redactores de la prensa escrita y radial, y de las presentadoras de noticias 'editorializan' sobre el transporte sin fórmula de juicio. Siento también que los usuarios del transporte colectivo -la inmensa mayoría de la gente- tienen una mejor imagen del servicio que los pocos que tenemos voz, tecla y micrófono. ¿Será una versión colectiva del 'síndrome de Estocolmo'?

Libre de responsabilidades gremiales o consultoras en el sector, podré usar este espacio prestado, para comentar sobre la política pública del transporte y la movilidad. El objetivo central es, como en todos los casos, mejorar la información pública sobre un aspecto crucial de la vida pública.

Empecemos por algo muy simple, que va en vía contraria de la sabiduría convencional: la comunidad bogotana del transporte público es grande y diversa: 22.000 conductores, 14.000 propietarios de unos 17.000 vehículos, más de 2.500 empleados de 67 empresas de transporte, y decenas de miles de trabajadores pertenecientes a la cadena de valor del transporte público, que incluye actividades como mantenimiento, reparación, fabricación y distribución de combustibles, suministros y partes.

Desde finales de la década pasada, este sector social ha tenido fuertes estremecimientos, desde la planeación y puesta en marcha del sistema TransMilenio. En los últimos nueve años han sido desintegrados más de 7.000 vehículos de transporte colectivo en Bogotá.

Las cifras sobre el exceso de capacidad transportadora en Bogotá pertenecen al mundo de la fantasía: hace dos años la Contraloría Distrital sentenció que sobraban más de 8.000 vehículos; algunos expertos han dicho, sin comprobación en la mano, que hay un exceso no inferior al 50 por ciento del parque automotor actual.

La verdad es desconocida, pero cuando se cumpla lo que ordena el Plan Maestro de Movilidad del Distrito habrá miles de vehículos cuyo único destino será la desintegración. Los cambios que se vienen son inevitables, en nombre de la modernidad, de la calidad del servicio, de la calidad del aire capitalino y en aras de consolidación de una ciudad democrática y atenta al interés de la comunidad. Pero, atención: hay allí una comunidad de trabajadores, propietarios y empresarios que tienen intereses legítimos y que no pueden ser desplazados y despojados de sus fuentes de ingreso en nombre de la modernidad. 

cgonzalm@gmail.com