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En la introducción de uno de los capítulos del Informe de la Comisión del Gasto Público en 1997, hice una reflexión que es absolutamente vigente para los tiempos que corren: "Mientras no se superen las deficiencias que rodean el quehacer presupuestario y no mejore la calidad, la disponibilidad y la oportunidad de la información fiscal, será muy difícil lograr avances de importancia, tanto en lo que concierne a las entidades nacionales como a las territoriales".

Ahora, cuando las urgencias de la crisis o, un poco más suave, el estancamiento de la economía nacional impone la necesidad de tomar decisiones orientadas a atenuar su impacto, se aprecia con absoluta claridad la validez de tal reflexión. Por la deficiente información fiscal de las entidades territoriales, no es posible saber a ciencia cierta cuál es la realidad de la ejecución del gasto en ellas. Además, el sacrificio de la ejecución presupuestal a las necesidades de la política económica de corto plazo -gracias al superávit de las entidades territoriales el déficit consolidado del sector público no fue un problema para la política económica- propicia el crecimiento del rezago presupuestal, que de hecho es un crédito forzoso del sector privado que incrementa de manera significativa los costos de transacción de la economía y representa una fuente potencial de corrupción.

Como quiera que el debate actual se centra en la incapacidad de las entidades territoriales de ejecutar a tiempo y en forma ordenada el gasto de inversión, es preciso recordar que el Estatuto Orgánico (Artículos 92, 93 y 94 del Decreto 111 de 1996) determina que para realizar la programación y la ejecución presupuestales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Presupuesto- es el órgano responsable de efectuar el seguimiento financiero del Presupuesto General de la Nación, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las transferencias a las entidades territoriales, sin perjuicio de las responsabilidades asignadas al DNP por la Ley 60 de 1993. También Planeación Nacional debe evaluar la gestión y hacer el seguimiento de los proyectos de inversión pública. De igual modo, el Estatuto señala que la Dirección General de Presupuesto, es el centro de información presupuestal, en lo relacionado con la programación, ejecución y seguimiento de las actividades anteriores. Para cumplir con sus funciones la esta entidad está facultada para determinar normas, métodos y procedimientos necesarios para el suministro, registro y sistematización de la información. Empero, hay algo más; en el Ministerio de Hacienda funciona una oficina especializa en hacerle el seguimiento a la gestión de los entes territoriales -por cierto al cuidado de una funcionaria muy competente y eficaz.

¿Entonces dónde está el problema, y por qué la queja del retardo en la ejecución?

Desde mi punto de vista, en la medida en que no se desarrolle un sistema estricto de seguimiento financiero, la programación presupuestal seguirá siendo un dolor de cabeza, pues la capacidad de las entidades para fijar planes, objetivos y metas se ve seriamente limitada.

Así mismo, la gestión, el control interno, los controles externos, la evaluación de los resultados y de gestión, entre otros, enfrentarán dificultades para su desarrollo. Junto con el sistema de información, es un área crítica para lograr impactos significativos sobre la eficiencia y eficacia del gasto público en todas las dependencias de la administración. 

rosgo12@hotmail.com