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Las principales diferencias se centraron en la propuesta de la Comisión Europea (CE) para forzar la separación patrimonial de las actividades de producción, transporte y comercialización, lo que suponía en la práctica la desmembración de los grandes grupos energéticos en Europa.

Finalmente, los países podrán elegir entre tres opciones para facilitar el acceso de las empresas a las grandes redes de los monopolios tradicionales: forzar a las empresas a deshacerse de su negocio de transmisión, hacer que cedan su gestión a un operador independiente u obligar a las compañías a permitir que la unidad de redes funciones de forma independiente dentro de la compañía.