Por su parte, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sidhes) de la ONG, aseguró que esas más de 380.000 personas integran 76.172 núcleos familiares, que "fueron obligadas a abandonar sus lugares de vivienda o trabajo para sumarse al universo de víctimas de este delito de lesa humanidad", anotó Codhes.
La tasa se incrementó de 713 personas desplazadas por cada cien mil habitantes en el 2007 a 888 en el 2008", añade el informe presentado por esta ONG, que además anota que en los últimos tres años casi un millón de personas han sido desplazadas, si se tiene en cuenta que en el 2006 el desplazamiento afectó a por lo menos 221.638 personas y en el 2007 la cifra ascendió a 305.638".
Según las cifras de Codhes, entre 1985 y 2004 un total de 4.628.882 personas, que integran unas 925.776 familias, fueron afectadas por el desarraigo forzado.Otra de las conclusiones divulgadas en el informe es que la gran mayoría de desplazados vive en condiciones críticas de pobreza.
Las cifras revelan, además, que desde el 2000, al menos 285.000 familias campesinas abandonaron sus estancias rurales, lo que suma una superficie de unas 5,5 millones de hectáreas equivalente al 10,8 por ciento del área agropecuaria del país.
El año pasado se registraron 82 desplazamientos en 19 de los 32 departamentos y al menos 13.500 personas pertenecientes a pueblos indígenas fueron obligadas a dejar sus tierras.
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