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La investigación pretende establecer si dichas organizaciones incurrieron en la realización de acuerdos para fijar directa o indirectamente los precios, afectar los niveles de prestación de los servicios y/o falsear u ocultar información que impida la debida transparencia en el mercado, "contrariando lo dispuesto en el Decreto 1663 de 1994 y el Decreto 2153 de 1992".

La Superintendencia notificó ayer del acto administrativo a cada uno de los involucrados, quienes tendrán ahora derecho a solicitar o aportar pruebas.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció, señalando que una vez conocida la apertura de la investigación, inició un proceso de recolección y análisis de toda la documentación relacionada, aclarando que el plazo para dar respuesta aún no se ha vencido.

Además, ratificaron que darán las explicaciones necesarias para demostrar que sus actuaciones han estado ajustadas a la ley.

"Reiteramos que nuestra gestión gremial tiene como único propósito la defensa del sistema en beneficio de la población colombiana y de los legítimos intereses de las EPS", señaló el comunicado oficial del gremio.

EL TIEMPO intentó comunicarse con Juan Manuel Díaz-Granados, vocero del Acemi pero no se obtuvo respuesta.