Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

 Armando Montenegro, ex director de Planeación Nacional, critica dos de los instrumentos que viene utilizando el Gobierno para fortalecer la confianza inversionista: las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica
Afirma el doctor Montenegro que: 1) con el reciente auge de crecimiento las inversiones se hubieran realizado sin necesidad de esos instrumentos; por lo tanto, son un regalo innecesario; 2) la inversión caerá en 2009, lo que mostrará la inutilidad de los instrumentos; 3) los contratos de estabilidad aseguran a las empresas "que sus impuestos disminuirán por mucho tiempo"; 4) las zonas francas son un incentivo a realizar inversiones solo en el caso de empresas con plantas viejas.
Estas opiniones son imprecisas, razón por la cual considero necesario hacer los siguientes comentarios.
Las zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica son herramientas de la política de recuperación de la confianza inversionista, enunciada por el presidente Uribe como base para poner nuevamente a Colombia en el radar de los inversionistas.
Los problemas de seguridad, el deterioro de las finanzas públicas y la pérdida de estabilidad macroeconómica habían generado desconfianza en Colombia. A comienzos de esta década la economía se encontraba estancada, la inversión apenas representaba el 13% del PIB y los ingresos de inversión extranjera directa no superaban los US$2.500 millones por año.
Las cosas cambiaron con la política de confianza inversionista. En el 2000, Colombia ocupó el puesto 21 entre 22 economías de Latinoamérica, en el indicador de inversión como porcentaje del PIB. Gracias a que el país ha tenido el mejor crecimiento relativo de la inversión, en el 2007 subió al octavo puesto.
En la captación de flujos netos de Inversión Extranjera Directa, Colombia tuvo el cuarto lugar en la región en el 2008, mientras que en el 2003 era el octavo. En ese mismo periodo pasamos de captar el 2,0% al 10,6% de la inversión.
Por lo tanto, la inversión ha crecido en Latinoamérica en los años recientes, pero Colombia ha tenido un mejor desempeño, atribuible a la recuperación de la confianza. Sin ella, muchos inversionistas hubieran buscado otros destinos.
¿Y los que invirtieron lo hubieran hecho sin la existencia de la política y los instrumentos mencionados? Probablemente no. Que un empresario comente que le están 'embutiendo' los instrumentos, solo indica que hay un gobierno activo en la promoción de sus ideas y que no se queda esperando milagros.
Respecto a la segunda afirmación, es verdad de Perogrullo que la inversión se reduce cuando hay una crisis económica; lo propio ocurre con el consumo, el comercio internacional, el turismo y la producción. Pero eso no prueba nada con relación a la utilidad o inutilidad de los instrumentos de promoción de la inversión. Es como si pudiéramos afirmar que la política económica no sirve, porque no evita las crisis (los que creían que la política macroeconómica las había suprimido, se estrellaron con la dura realidad actual).
No obstante, es necesario tener en cuenta que los contratos de estabilidad van atados a un cronograma de inversiones y que las zonas francas tienen un periodo de tres años para ejecutar los proyectos. Los incumplimientos injustificados en uno y otro caso pueden ocasionar la suspensión de los beneficios. De esta forma, el balance podría ser una menor caída de la inversión de la que habría en ausencia de estos instrumentos.
Con relación al tercer punto, debo ser enfático: no es cierto que los contratos de estabilidad garanticen la disminución de impuestos. Ellos solo garantizan a las empresas que su tarifa de impuestos no será superior a la que aplica en el momento de la firma del contrato.
Si tenemos en cuenta que en el 2006 teníamos la segunda tarifa de impuestos corporativos más alta del planeta (solo superada por el Congo), y que es evidente el propósito de reducirla en el mediano plazo, queda claro que estos contratos no contribuirán a ampliar el déficit fiscal.
La cuarta afirmación carece de fundamento. La legislación establece que los activos de los proyectos deben ser nuevos; esto significa que las plantas no se pueden desmontar para trastearlas.
Sin duda, las políticas que adelanta el Gobierno para la inserción en la economía globalizada inducirán la relocalización de empresas hacia regiones estratégicas y hacia zonas francas. Pero en este caso, la legislación establece unos montos de inversión más exigentes que los requeridos para una inversión nueva. En esta última, el mínimo debe estar entre US$3 y US$38 millones, dependiendo de la actividad, mientras que en el primero el monto es de US$180 millones, además de la garantía de duplicar la renta líquida gravable.
Por último, un breve comentario sobre la potencial generación de desempleo por los incentivos a la inversión, pues sugiere el doctor Montenegro que los empresarios aprovecharán "las ventajas de las nuevas tecnologías que ahorran trabajo".
Recordaba recientemente el Ministro de la Protección Social, que un gobierno anterior impuso un arancel de 50% a los computadores para evitar que esta nueva tecnología generara desempleo.
Hoy es evidente que esa tecnología preservó muchos puestos de trabajo: el número de secretarias desempleadas por culpa de los computadores fue más que compensado con la creación de empleos en labores de digitación, importación, distribución, mantenimiento y programación, entre otros. A eso hay que sumarle las mejoras en productividad de las empresas y la aparición de actividades que no existirían en el país sin esa tecnología que 'ahorra trabajo'. Por ejemplo, una industria de software, con potencial para convertirse en un sector de talla mundial. ¿Tiene sentido criticar los incentivos por las mejoras de tecnología en las empresas?
En síntesis, para que las críticas en esta materia tengan fundamento, han de tener en cuenta que la política de confianza inversionista, y por ende sus instrumentos, no están diseñados para hacer frente a una coyuntura; sería un craso error concebirlos con una visión tan corta. El objetivo del Gobierno es sentar las bases para que la economía pueda crecer de forma sostenida a tasas superiores al 7% anual; ese es un requisito para ganar la batalla a la pobreza y el desempleo en el país.