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Y ahora surge una nueva advertencia: corre el reloj y restan prácticamente ocho meses para que entren a operar las restricciones en la contratación pública, todo por cuenta de las elecciones presidenciales de mayo y en las que mucha gente da por descontado la participación del presidente Uribe.

Hay consenso en el sentido de que buena parte de la reactivación de la economía dependerá del gasto público y de que éste se debe acelerar, y el Gobierno aprovecha en cuanto escenario esté para enviar mensajes a las entidades públicas de acelerar la ejecución, por eso preocupa la parálisis que se pueda dar.

"Hay que acelerar, ver que se gaste más rápido. Y se corre el riesgo de que si no se acelera, la ley de garantías frenará el proceso porque entra en vigencia desde comienzos del 2010. Si no se acelera la ejecución de obras públicas en este año, el primer cuatrimestre del año entrante va a estar paralizado", advierte el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo.

Pero si llegase a haber una segunda vuelta, que se haría en junio, habla de que la parálisis llegaría hasta seis meses, que se podrían extender otros dos por la dinámica de la política.

Si bien hay quienes aclaran que la ley de garantías solo restringe los contratos a dedo pero no las licitaciones públicas, mecanismo a través del cual se adjudican la mayor parte de proyectos en el Estado, para algunas empresas del sector privado  efectivamente ese tipo de restricciones frenan en parte la dinámica de la economía.

"El Estado es tal vez uno de los más importantes actores que reactivan la economía. Y si ese tipo de prohibiciones existen, pues obviamente su papel va a verse restringido en gran medida", dice Jorge Castaño, director Legal de HP Colombia.

Sin embargo, hay voces que advierten que lo de menos es la ley de garantías y que hay otros cuellos de botella que atrasan las obras, como la capacidad de ejecución, en tanto que otros opinan que la parálisis no sería total y que el Estado sí puede adjudicar vía licitación pública.

El ex ministro de Transporte, Gustavo Canal, es de los que dice que la ley de garantías no representa obstáculo, el problema radica en la lentitud con que se ejecuta en el
Estado, así como en la falta de infraestructura de los entes rectores del sector de vías y de transporte.

"Con la infraestructura que tienen el Ministerio de Transporte, el Invías, Inco, poner en circulación el programa no es fácil. La ley de garantías es un pálido problema frente a lo demás", dice Canal.

Para el vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Francisco Suárez, efectivamente es más preocupante la lentitud en la ejecución que el mismo tema de la ley de garantías, además porque ésta -reitera- lo que paraliza son las contrataciones directas y no las licitaciones públicas.

"En lo que tiene que ver con transporte, los niveles de ejecución del Invías son muy bajos y este año la situación no ha mejorado sustancialmente. Hubo algunas improvisaciones en la estructuración de los proyectos de los corredores arteriales de competitividad y porque no se ha avanzado en los términos en que estaban anunciados por el Gobierno. Es claro, los cronogramas no se están cumpliendo como los habían anunciado", explicó.

Y el consultor Mauricio Cabrera, está convencido de que las restricciones de la ley de garantías de cualquier forma 'enredan' la actividad económica, lo que es preocupante especialmente por la coyuntura. Sin embargo, también advierte sobre la baja capacidad de ejecución del Estado.

Cómo marcha el plan

Pero ya han pasado cerca de cinco meses desde que el equipo económico definió que los proyectos contenidos en el plan de los 55 billones le servirían como su plan de choque para hacerle frente a la crisis económica.

Y si bien desde muchos sectores se habla de la baja capacidad de ejecución del Estado y de que no se ha avanzado mucho en el plan de los 55 billones, el director encargado de Planeación, Andrés Escobar, señala que los proyectos están caminando, unos más rápido, otros más lento, pero se avanza.

"El tema de la ejecución sí va bien. Desde la Presidencia de la República hay un control bastante estricto, con un equipo de personas de Planeación Nacional y los ministerios de Hacienda, Transporte, Ambiente y Minas y Energía, que hace un seguimiento constante", explicó Escobar.

Para él, hay dos balances: uno, el de la ejecución, que el Gobierno cree que va bien. Y dos: por el lado de los recursos.  Escobar señala que el Estado tiene su parte, es decir los 23 billones de pesos. Y cree que está buena parte de los 32 billones del sector privado.

La razón: bajo las evaluaciones que se hacen desde el Gobierno, están totalmente confiados en proyectos que tienen que hacer los privados para seguir la marcha de sus procesos de producción y comercialización, así como por inversiones extranjeras que estarían garantizadas.

Pero además de las propias evaluaciones, el Gobierno se está reuniendo constantemente con gremios y con empresarios para hacer seguimientos y en esas reuniones los voceros de los privados hablan del cumplimiento de sus compromisos.

Por el lado de los banqueros, también se han dado reuniones para que ellos garanticen la disponibilidad de recursos para las empresas, especialmente para las que tienen que ver con las que empujarán el tema de vivienda.

IVONNE VENEGAS
REDACCION DE ECONOMIA Y NEGOCIOS