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Las revelaciones, lamentablemente parciales, de la investigación del CTI de la Fiscalía sobre seguimientos, vigilancia, interceptación ilícita de comunicaciones, intromisión indebida en la vida privada de magistrados de la Corte Suprema y contradictores reales o supuestos del Gobierno, no pueden pasar como un escándalo más. El señor Fiscal General en varias entrevistas ha dicho que le producen estupor los primeros resultados, que revelan además el más grave irrespeto a la administración de justicia.

Desafortunadamente, los colombianos nos hemos enterado de ese nauseabundo episodio -para seguir con las palabras del Fiscal- a través de filtraciones fragmentadas en algunos medios de comunicación.

Lo ideal hubiese sido, que en palabras del jefe máximo del ente investigador de la nación, los ciudadanos hubiéramos sido informados en detalle de estos delictuosos hechos.

De allí que las preguntas broten a flor de tierra. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cuándo y por cuánto tiempo se ordenó vigilar la vida de los magistrados? ¿Hubo realmente grabaciones telefónicas? Si así fue, ¿dónde están? ¿Qué clase de 'seguimientos' se hicieron a los magistrados? Se aprovechó acaso la escolta oficial que el Estado les asigna a los juristas, para obtener datos sobre su vida privada?

¿Por qué se pidieron reportes a la Dian? ¿Quién le sigue la pista a los evasores de impuestos? ¿Y por qué también a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la cual fue creada para luchar contra el lavado de activos y actividades conexas con el narcotráfico y la corrupción? ¿Tenía sospecha el Gobierno de que los magistrados de la Corte deambulaban por el Código Penal? ¿Dónde están las famosas 'carpetas' de cada uno de los vigilados o 'chuzados'?

Las ilegales intrusiones tenían como destinatarios ¿a todos los integrantes de la Corte Suprema, o solamente a los que investigan funcionarios y congresistas amigos del Gobierno? Y en el caso de los periodistas, ¿la vigilancia comprende solamente a los críticos como Daniel Coronel o Félix De Bedout, o además incluye a sus defensores a ultranza como Alfredo Rangel o Plinio Apuleyo?

Y, naturalmente está la pregunta más preocupante de todas. No a quien grabó, vigiló, siguió u organizó 'carpetas', sino ¿quién o quiénes ordenaron hacerlo? Para responder éste interrogante existen algunas pistas. El Departamento Administrativo de Seguridad, creado durante la administración Lleras Camargo para reemplazar al temido Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) durante las dictaduras, depende directamente del Presidente de le República. Su Director le reporta directamente al Jefe del Estado y no está bajo la tutela administrativa de ningún Ministro. Los presidentes siempre han escogido para dirigir al DAS a alguien perteneciente a su círculo más cercano. Uno de los primeros grandes escándalos durante la administración Uribe, fue el de las acusaciones al primer director del DAS de haberlo puesto al servicio del paramilitarismo. Dos de los generales retirados que el actual Gobierno llevó como 'asesores' a la entidad (Rito Alejo del Río e Iván Ramírez) están detenidos bajo los cargos de delitos de desaparición de personas, asesinatos y crímenes de lesa humanidad.

La Fiscalía entonces no puede contentarse con hacer imputaciones a funcionarios de rango menor. Aquí, señor Fiscal, hay que ir hasta el fondo del asunto. El caso del Watergate de Nixon, aparece frente a lo denuciado, como un inocente juego de niños.

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