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Aunque el gobierno nacional señala que es él quien tiene la potestad de autorizar la sustracción de la reserva forestal y, por consiguiente, de autorizar el inicio de la exploración, en el artículo tercero de la resolución obliga a la multinacional a poner en consideración de Cortolima las guías minero ambientales aplicables.
Además, solicita un seguimiento ambiental realizado por una universidad o entidad científica reconocida nacional o internacionalmente. Sin embargo, entrega a Anglogold la obligación de contratar una veeduría técnica para cada uno de los aspectos a monitorear: biótico, hidroclimatológico e hidrogeológico.
La resolución también obliga a Anglogold a restaurar un área correspondiente a las 6,39 hectáreas dentro de la cuenca del río Coello como medida de compensación.
La resolución es firmada por Bertha Cruz Forero, directora de Ecosistemas.