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Jueves 18 de Septiembre de 2014

¿Quién establece los tributos?

Está de moda zarandear al Estado de Derecho. Y no sólo en las grandes causas, tal como viene sucediendo con el trámite atropellado y claramente inconstitucional de la ley por la cual se convoca el referendo reeleccionista.

También en asuntos de menor alcurnia, que tienen profunda incidencia sobre la vida diaria de los consumidores y ciudadanos de a pie.

Me refiero en concreto a la desenfadada tendencia gubernamental de establecer tributos por decreto. Sin pasar por el Congreso. Sin que la representación ciudadana tenga la oportunidad -como lo ordena nuestra Constitución- de aprobar o denegar el establecimiento de cualquier impuesto.

La facultad exclusiva del Congreso para imponer tributos en cualquiera de sus tres modalidades (ya sean impuestos, tasas o contribuciones) es una de las columnas vertebrales de todo Estado de Derecho, desde que se inventaron los parlamentos de representación popular desde el siglo XVII. Así lo ordena nuestra Carta Política en su Artículo 338.

Pero poco caso se le está haciendo a este principio medular de la democracia representativa. Dos ejemplos así lo ilustran.

El 24 de diciembre del 2008 se crea por decreto (reglamentando un artículo de la ley del plan que no daba para ello) el llamado 'fondo de estabilización de combustibles', en virtud del cual se fijó el precio de la gasolina a un nivel sensiblemente superior al que resultaba si se hubiera dejado actuar al mercado.

No se trata aquí de entrar a discutir si fue apropiado o no el momento de establecer -en plena recesión- un precio elevado para la gasolina. Lo que se quiere argumentar es que se creó un verdadero tributo por decreto reglamentario y no por ley. Un impuesto a cargo de los consumidores de gasolina.

La semana pasada, el Gobierno anunció también su intención de imponer a los productores de leche una contribución de 25 pesos por litro. Tendría el objeto de alimentar un fondo cuya misión sería sustraerle al mercado los excedentes que están gravitando negativamente sobre los precios de la leche por la sobreproducción que hay en el país.

No es el momento de analizar por qué el Gobierno piensa que este esfuerzo lo deben hacer sólo los productores, y no las empresas procesadoras y pasteurizadoras, cuyos precios al consumidor final, en vez de bajar, han subido.

A la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponderá investigar si los procesadores y grandes pasteurizadores están teniendo comportamientos monopólicos en la manera como vienen fijando los precios. Mientras lo que éstos le pagan al productor baja, suben los precios de los lácteos y el de la leche empacada que cobran al consumidor final.

Pero, en esta ocasión, de lo que se trata es de cuestionar el procedimiento jurídico que, con suma ligereza, parece haber escogido el Gobierno para imponer un auténtico tributo a los productores de leche: una contribución parafiscal de 25 pesos por litro, estableciéndola por vía administrativa y no por ley como lo ordena la Constitución.

Todos estos tributos terminarán cayéndose ante la Corte Constitucional o ante el Consejo de Estado. Pero mientras tanto, habrán generado un daño grave a los consumidores y a los productores. Y sobre todo, al maltrecho Estado de Derecho. 

jotacrestrepo@yahoo.es

Publicación
portafolio.co
Sección
Opinión
Fecha de publicación
1 de junio de 2009
Autor
JUAN CAMILO RESTREPO Ex ministro de Hacienda

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