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El proceso ha avanzado hasta un intento de conciliación que, en primera instancia, no resultó exitoso porque la oferta de las multinacionales no fue aceptada por la parte demandante.

"Se demandó por lavado de activos, pero el juez aceptó la demanda por impuestos que se dejaron de recibir por lo que supuestamente han dejado de vender las licoreras, porque ellos nos están inundando de contrabando. Lo que se está tratando de demostrar en la demanda es cómo se configura el contrabando", explicó Luz María Zapata, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil).

Una vez el juez aceptó la demanda, se entró en una etapa de conciliación, en la que los demandados presentaron una propuesta que no respondió a las expectativas de las licoreras con dos componentes: un acuerdo de cooperación y otro económico.

Por ejemplo, en la parte de conciliación las multinacionales plantearon la creación de un fondo que combata el contrabando de licores, pero administrado por ellas. Igualmente, se refieren a la necesidad modificar de normas legales colombianas, que incluye hasta una reforma constitucional en torno al monopolio.

"Son unas cosas inadmisibles porque perjudicaríamos a las licoreras, que son hoy las principales aportantes en el tema de salud para los entes territoriales", dice la Directora Ejecutiva de Acil.

En cuanto al componente económico que buscaron conciliar las licoreras con las importadoras, tampoco hubo acuerdo.

"Son 200 millones de dólares que no son nada comparados con lo que anualmente se recauda. Nosotros anualmente pagamos 1,2 billones de pesos en impuestos", dice la vocera de las empresas de licores, quien agrega que la aspiración de las empresas supera el monto de que se habla y que seguramente será fruto de la negociación.