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También pidió preclusión a favor de Londoño en el delito de utilización indebida de dineros captados del público y beneficiar con la misma decisión, en los dos delitos, a Federico Guillermo Ochoa, otra de las cabezas de Bancolombia.

Este miércoles, el Banco anunció que 'discrepa respetuosamente' del concepto y señaló que seguirá ejerciendo su derecho a la defensa frente a la demanda, una de las más sonadas en la historia empresarial del país.

Según la Procuraduría, en la investigación no hay elementos que pongan en duda la presunción de inocencia de Ochoa en el caso de estafa. Y consideró que la posibilidad de procesar a los dos ejecutivos por utilización indebida de dineros captados del público prescribió el 6 de mayo de 2008.

En cambio, considera que hay pruebas para acusar a Londoño porque supuestamente ocultó información y habría lesionado los intereses de los Gilinsky, que en el 2001 demandaron el millonario negocio.

"Si bien la prueba practicada (...) no probó actos de manipulación bursátil en el mercado de valores de Nueva York, los medios de prueba legal y oportunamente aducidos a la actuación indicaron que hubo doloso ocultamiento de información relevante en la negociación, tanto a la contraparte como a las autoridades administrativas del mercado bancario y de valores -dice la Procuraduria-. (...) Omisiones que crearon el engaño ...".

El proceso había sido cerrado por la Fiscalía en el 2003, pero una decisión de la Corte Constitucional en el 2005 ordenó la reapertura del caso porque no se practicaron pruebas que habían sido ordenadas.chazo de Bancolombia a petición

El pedido de la Procuraduría General de la Nación de llamar a juicio al presidente de Bancolombia, Jorge Londoño, por el caso en el que el Banco Industrial Colombiano (BIC), compró el entonces Banco de Colombia fue rechazado por la entidad financiera por considerar que va en contravía de pronunciamientos anteriores del propio Ministerio Público y de la Fiscalía.
"El banco y sus administradores discrepan respetuosa pero enfáticamente, puesto que la opinión excede claramente el alcance fijado por la Corte Constitucional al ordenar la reapertura de la investigación penal, y resulta contraria y contradictoria a pronunciamientos previos por parte del mismo Ministerio Público y de la Fiscalía, quienes en anteriores oportunidades han manifestado la ausencia de conductas dolosas", dice un comunicado de la entidad.