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No se necesita ser un experto en temas fiscales para darse cuenta de que el tema de las cuentas del Estado va a tener especial relevancia en el debate electoral que se aproxima. Y no se trata tan solo del faltante en las finanzas públicas para el presente y el próximo año, cuyo monto creciente fue revelado hace unos días, sino de una mirada de más largo plazo.

Como es conocido, el Gobierno ha dicho que piensa presentar en las próximas sesiones del Congreso un proyecto de ley destinado a buscarle una fuente permanente de recursos a lo que ahora recibe por impuesto de patrimonio. Este empezó a operar temporalmente hace un par de años, con el fin de apoyar la compra de equipo militar, dentro de la política de seguridad democrática. Según diversos estimativos, los ingresos generados por el tributo ascenderían a unos 8,4 billones de pesos hasta el 2010, cuando expira dicha obligación. Hacia adelante, el Ejecutivo dice que necesita una cuantía menor, cercana a un billón de pesos anuales, para cubrir gastos recurrentes del Ministerio de Defensa, asociados con el aumento en el pie de fuerza y las necesidades de mantenimiento de algunas inversiones.

Frente a ese requerimiento, el primer debate va a estar relacionado con el impuesto que se proponga. Para algunos, lo más lógico es extender el gravamen actual y volverlo indefinido, aunque con una tarifa menor. Para otros, lo lógico sería hacer algo en cabeza de las personas, tal como ocurría en el pasado en la legislación colombiana. No faltan tampoco los que dicen que el de patrimonio es un tributo que tiene problemas técnicos, pues castiga más la posesión de activos que las ventas.

Sin embargo, semejante debate no vale la pena hasta que no se conozca una propuesta concreta. En cambio, es procedente volver a mirar si un esfuerzo adicional resulta lógico a la luz de las normas actuales. La razón es que todo indica que la política de incentivos y descuentos alentada por el Gobierno ha hecho más dispersa la tributación efectiva de los contribuyentes, además de ser particularmente onerosa.

Y es que según el documento que contiene el marco fiscal de mediano plazo, el costo de los beneficios contemplados en la ley, definidos como el ingreso que deja de percibir el Gobierno, ascendió a 7,4 billones de pesos en el año gravable 2008, 18,9 por ciento más que en el ejercicio previo. De ese total, el elemento más importante fue la deducción del 40 por ciento en el impuesto de renta por la reinversión en activos fijos, cuyo monto llegó a 3,2 billones de pesos, con un incremento del 21,1 por ciento. Tal ventaja fue solicitada en su mayoría por 7.364 empresas, de las cuales apenas 86 pertenecen al sector público, pero a las que les correspondió casi un billón de pesos. Para el Ministerio de Hacienda, la inversión total que justificó el menor pago de impuestos fue de 29,7 billones de pesos.

También fueron importantes los descuentos correspondientes a las rentas exentas que ascendieron a 3,2 billones de pesos y tuvieron un alza del 14,4 por ciento. En este capítulo se encuentran dineros relacionados con servicios financieros, actividades mineras, servicios de salud, seguridad social, educación superior y actividades de organizaciones religiosas, entre otros.

La cuantía de tales beneficios ha sido motivo de polémicas en el pasado. Diversos conocedores del tema sostienen que a Colombia le convendría más un esquema tributario en el cual todos los contribuyentes pagaran lo mismo, con un tarifa más baja que el 33 por ciento que hoy tiene el impuesto de renta. La Casa de Nariño, por su parte, responde que los estímulos son claves para la promoción de ciertas actividades, como ha sido el caso de las explotaciones forestales o de la hotelería.

El debate es difícil, incluso cuando las cifras fiscales tienden a mejorar. Pero ahora, cuando hay claras señales de empeoramiento, es probable que aumente la voz de quienes creen que la legislación es exageradamente generosa con sectores específicos. Dicho de otra manera, tendría más aceptación entre el público el recorte de deducciones que la llegada de un nuevo impuesto. Y aunque ese día todavía se demora, pues es poco probable que una reforma tributaria pase en un año electoral, es claro que los partidarios de una y otra posición han comenzado a desempolvar sus argumentos.