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 El debate sobre los negocios de mi tocayo Tomás y su hermano Jerónimo ha traído a colación la apariencia de la impropiedad. ¿Será que 'la ética es la ley', según palabras del Ministro de Hacienda, o ha de regir un estándar más alto para aquellos ciudadanos cercanos al poder por razones económicas, sociales, profesionales, políticas, burocráticas o familiares?

Siendo primera dama de Francia, la cariñosamente apodada 'tía Yvonne', esposa del general de Gaulle, informó a una amiga incrédula que su familia no iría de vacaciones a los Alpes a falta de reservaciones de tren. No concebía acudir a la influencia del Eliseo en provecho propio, así fuera para un asunto peregrino.

Dos décadas antes, el aviador Charles Lindbergh, investigado por el fisco estadounidense por presunta evasión de impuestos sobre la renta, reveló su regla de 'encimar' el pago de un 10% adicional para alejar cualquier riesgo o sospecha de incumplimiento. Es práctica frecuente en E.U. que un mismo bufete sirva a dos clientes con intereses contrarios, en cuyo caso erige un 'muro ético' entre sendos abogados, sin intercambio de información o documentos. Mucho antes de ser obligación legal, esta costumbre evitaba cualquier apariencia de impropiedad.

En Colombia, distamos mucho de consultar este criterio. Hace décadas, un proveedor de Avianca fungía como delegado del Presidente de la República en la junta directiva de la empresa. Hacia la misma época, una abogada de la Superintendencia de Industria y Comercio sostenía una relación con otro abogado, asesor de solicitantes privados ante la misma. Embajadores de Colombia han tenido que cabildear en el exterior por asuntos que eran simultáneamente prioridad del país e interés económico propio.

En muchos países, cuentan los políticos con que copartidarios elegidos a cargos públicos o designados para ellos aporten un porcentaje de su salario y contratación pública a la 'caja común' del partido. Aún si sólo de salario se trata, esta conducta torna borrosa la línea divisoria entre la necesidad de 'financiar la causa' y la política como negocio. Al final de los 90, la entonces senadora Íngrid Betancourt la vedó entre sus seguidores. En esa misma década, los municipios franceses bajo control comunista encarecían sus contratos en un porcentaje uniforme. Cualquier cobro en mayor cuantía evidenciaba la impropiedad individual del cobrador. Los conservadores mantuvieron la práctica, pero sin uniformidad y con impropiedad 'a la carta'.

Las dos recicladoras llevadas por el Senador Robledo al debate sobre los Uribe Moreno se declararon afectadas por su competencia como empresarios de la basura. Lo propio me había dicho, un año antes, otro reciclador. Ello no descalifica ni el tratamiento ecológico de desechos ni la empresa de los dos hermanos. Tan sólo refleja la dificultad, para quienes ejercen el poder económico o político, de medir todas las consecuencias de sus acciones a nivel del ciudadano raso.

¿Precisa limitar derechos fundamentales de los poderosos, incluido el derecho al trabajo de quienes sean empresarios, para evitar cualquier inconveniente o apariencia de impropiedad? La reciente discusión pública contribuye a educar una opinión nacional poco o nada concientizada en la materia.


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