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La figura, tiene como antecedente en el país la operación del leasing de infraestructura que fue creado a través de la Ley 223 de 1995, pero que ha sido utilizada especialmente por el sector privado para financiar infraestructura por parte de desarrolladores particulares.

Esta nueva opción lo que busca es ejecutar infraestructura desde las mismas entidades pública nacionales, regionales o locales.

El leasing público es una herramienta financiera donde el arrendador o arrendatario es una empresa estatal. Las entidades públicas se convierten en proveedores o receptores de bienes que son arrendados o utilizados por las mismas instituciones.

"Si un municipio tiene un lote improductivo o una bodega este puede convertirse en fuente de ingresos mediante la ejecución de un contrato de leasing o de arrendamiento que genere ingresos propios", señala el consultor Óscar Pardo.

En la actualidad, en el país se realiza leasing con entidades públicas, pero el marco normativo legal, tributario y contable todavía no es claro, según lo planteado en un reciente foro de financiación de infraestructura realizado por la CCI.

De acuerdo con el documento presentado por el profesor Pardo en el mencionado evento los gobiernos Nacional, departamental y municipal tienen un enorme atraso en la infraestructura requerida para la operación de sus entidades, y al mismo tiempo cuentan con muchos activos improductivos que ahora se pueden convertir en fuente de ingresos para las administraciones locales.

Entre los motivos que permiten pensar que el leasing público servirá para reactivar la inversión se destaca el hecho de que el sector financiero nacional e internacional tiene voluntad de explorar nuevas oportunidades en los proyectos de carácter público, contando con mecanismos que generen mutua confianza.

"El país cuenta con un instrumento como el leasing de infraestructura y el aplicado a la logística, que se puede ampliar y adaptar a las realidades públicas nacionales", señala el informe debatido en el foro de infraestructura.

Estrategia

La propuesta prevé impulsar diferentes tipos de leasing público, tales como el directo, por agencia, arrendamiento y de terrenos, y el leasback público directo de terrenos.

La iniciativa plantea conservar los actuales beneficios tributarios, los cuales expiran a finales del 2011, según lo establece la ley, darle mayores opciones al leasing de infraestructura aplicada a la logística y enfocarlo en el sector social, así como desarrollar la gerencia estructurada de proyectos.

Los beneficios consisten en que el canon de arrendamiento es deducible de impuestos.

Ahora los beneficios se ampliarían a los desarrolladores de leasing en obras de infraestructura social tales como colegios, hospitales, centros de salud y demás servicios en favor de la comunidad.
 
Mecanismo clave en otros países

En el mundo, los activos estatales son considerados una fuente importante de recursos. Los estados desarrollados están convencidos de que carecen de las competencias necesarias para manejar activos.

Los gobiernos nacionales, estatales y municipales usan con frecuencia y familiaridad el leasing municipal para desarrollar infraestructura.

El 'facility management' es un instrumento de interac- ción público-privado para el manejo y desarrollo de activos inmobiliarios del Estado.

Todos los municipios de Estados Unidos tienen agencia de manejo de activos, el 'Municipal leasing' y el 'Federal leasing' son las herramientas financieras más utilizadas por los gobiernos.