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Se ha radicado, al fin, el anunciado proyecto de 'ajuste tributario' como lo denomina el Gobierno. Quedan, sin embargo, algunas preguntas que resulta pertinente plantear.

Primera: se explica que la prórroga del impuesto al patrimonio por otros cuatro años se necesita para financiar faltantes en gastos de funcionamiento, o sea, de carácter recurrente, que se presentarán en los presupuestos de la defensa y seguridad a partir del año entrante.

Tales faltantes se originaron, es bueno recordarlo una vez más, por el hecho de que el Gobierno destinó irregularmente cerca de un 30 por ciento del producido del actual impuesto al patrimonio -que estaba previsto exclusivamente para adquirir o repotenciar equipos militares- a pagar gastos de funcionamiento.

Ahora bien: si con el producido del nuevo impuesto se van a atender nuevamente gastos recurrentes (o sea, gastos que es necesario repetir todos los años, lo que en el caso de los gastos de defensa sucederá irremediablemente a no ser que se diera la hipótesis, muy improbable, que se reduzca el pie de fuerza), a la expiración del nuevo tributo se repetirá el problema que hoy estamos enfrentando. O sea, que hay que prorrogarlo, porque quedan desfinanciados gastos de funcionamiento al expirar la fuente fiscal que los respalda.

Segunda: no queda tampoco en claro por qué se necesita un nuevo impuesto al patrimonio si con los simples ahorros, que reconoce el Gobierno hay que hacerle a la plétora de gabelas tributarias que él mismo creó, se podrían financiar (ahí sí, sin recurrir a un tributo transitorio) los faltantes en los gastos de funcionamiento de la defensa y seguridad que se avizoran a partir del 2010.

El Gobierno ha propuesto la reducción del 40% al 30% de la deducción por adquisición de activos productivos. Esta gabela tributaria (una de las muchas que se han otorgado últimamente) está teniendo un costo fiscal extravagante de 3,8 billones de pesos anuales para el fisco. Pues bien: la sola reducción del 25% en la magnitud de este privilegio (del 40% al 30%) generará un ahorro suficiente para financiar con holgura los requerimientos anuales que, se alega, le faltan a los presupuestos de defensa y seguridad del país a partir del 2011.

Tercera: luego de muchos titubeos, la propuesta del nuevo impuesto al patrimonio quedó para quienes tengan patrimonios líquidos superiores a 3.000 millones de pesos. Esto no evita, sin embargo, que una parte considerable del impuesto la terminarán pagando indirectamente las clases medias. Veamos porqué.

Dentro del grupo de contribuyentes obligados quedaron incluidas las empresas municipales de servicios públicos que, teniendo unos patrimonios altos, no pertenecen a grandes inversionistas, sino a las ciudadanías de las diversas municipalidades. Cerca de una cuarta parte del actual impuesto al patrimonio lo han venido aportando estas empresas. Lo cual significa que un 25% del impuesto al patrimonio ha estado a cargo -y seguirá estándolo indirectamente- en cabeza de las clases medias de las ciudades colombianas.

Cuarta: el proyecto radicado contiene un aspecto positivo que no puede pasar desapercibido. Entraña una autocrítica y un claro reconocimiento por parte del Gobierno de que la frondosa planta de gabelas y privilegios tributarios que él cultivo con tanto entusiasmo durante los últimos años se ha tornado insostenible y nociva. Y que de no empezar a podarla, el sistema tributario se irá alejando del principio constitucional de que éste debe fundarse en los principios "de equidad, eficiencia y progresividad".

Al menos hay que registrar un aplauso por el hecho de que, así sea parcial y tardíamente, el Gobierno se haya acordado de este postulado de nuestra Carta Política. Que él mismo había venido ignorando olímpicamente.

jotacrestrepo@yahoo.es