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Alrededor de 3.770 Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) no pagan la seguridad social de aproximadamente 188.000 trabajadores, en una abierta violación a la Ley y a las normas que regulan el sector solidario.

Los 188.000 cooperados y sus familias no gozan de protección en salud, pensiones ni riesgos profesionales porque las CTA no pagan lo que les corresponde ni cumplen con la obligación legal de pagar los aportes parafiscales (al Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación).

El fenómeno de las CTA que vulneran los derechos de los trabajadores en complicidad con las empresas públicas y privadas que las contratan para reducir sus costos es de tal magnitud, que la presidenta de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), Clemencia Dupont, pidió a las autoridades del ramo "actuar y aplicar las sanciones del caso".

Hace menos de 15 días, la Superintendencia de la Economía Solidaria hizo una purga y ordenó la disolución y liquidación de 7.700 precooperativas y CTA por no ajustar sus estatutos y régimenes de trabajo y compensaciones a las exigencias de ley.

Sin embargo, de las aproximadamente 6.000 que quedaron, que cuentan con alrededor de 637.000 asociados y que están en proceso de autorización y registro en el Ministerio de la Protección Social y la Supersolidaria, 3.770, enfatizó Dupont, no cumplen sus obligaciones con la seguridad social y los parafiscales y están actuando por fuera de la ley.

Esas CTA fueron detectadas gracias a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), mecanismo a través del cual se pagan todos los aportes a la seguridad social, "razón de más para realizar un control exhaustivo a este grupo de cooperativas", demandó la presidenta de Confecoop.

Las centrales obreras han cuestionado a las CTA porque, dicen, propician el desconocimiento y atropello de los derechos de los trabajadores. El pasado lunes, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Tarsicio Mora, dijo que la purga de la Supersolidaria no es suficiente y pidió desmontar ese esquema de contratación al que no duda en calificar de intermediación laboral.

En la mira de Estados Unidos

Las CTA)generaron muchas inquietudes a los negociadores estadounidenses del TLC con Colombia, quienes vieron en ellas las condiciones propicias para una competencia desleal, al reducir sus costos laborales por el no pago de las prestaciones sociales ni los aportes a la seguridad social de los trabajadores.

La presión de E.U. y de las centrales sindicales llevaron a la expedición, a finales del año pasado, de la ley que las obliga a esos pagos.