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Eso por los presuntos delitos de estafa y utilización indebida de dineros del público, en torno de los hechos relacionados con la adquisición del Banco de Colombia por parte del Banco Industrial Colombiano en 1997, y la posterior fusión de esas dos entidades.

Esta decisión confirma una vez más la inexistencia de responsabilidad penal por parte de los administradores, tal como la misma Fiscalía había decidido en Julio de 2004,  y muestra que su actuación se ajustó a la ley, la normatividad y la regulación vigentes.

La decisión de este viernes es, además, concordante con decisiones adoptadas por diversos tribunales de arbitramento, entidades administrativas del Estado, así como las autoridades judiciales de los Estados Unidos,  los cuales, en su totalidad, han coincidido en señalar la ausencia de cualquier conducta dolosa en el proceso de adquisición y fusión del Banco de Colombia.