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Recordemos que este tratado fue suscrito por los dos gobiernos en noviembre del 2006 y en julio del 2007. El Congreso colombiano lo ratificó sin mayores problemas, en virtud de las mayorías parlamentarias que en ese momento controlaba el Ejecutivo. Quiere ello decir que ya se van a completar casi tres años en que el principal aliado de Estados Unidos en la región, cual novia fea en fin de semana con puente, espera y desespera para que su amado proceda a honrar por la vía legislativa el compromiso adquirido en ceremonia pública realizada con bombos y platillos.

De todos es conocido el tiempo y los recursos que en estos tres años el Gobierno colombiano -con el Jefe del Estado a la cabeza- ha dedicado, infructuosamente, para convencer a los legisladores norteamericanos acerca de la urgencia, que para Colombia supuestamente reviste la puesta en marcha de esta herramienta en el campo del comercio binacional. De todos es igualmente sabido, que el cambio en la jefatura del Estado norteamericano tampoco ha favorecido dicha expectativa, pues en otro error diplomático muy propio del manejo emocional de las relaciones exteriores por parte del Gobierno colombiano, éste mostró sin tapujos sus preferencias por el derrotado McCain y no por el triunfante Obama.

Así las cosas, las posibilidades de que el manoseado TLC sea ratificado antes de la culminación del segundo período de Alvaro Uribe son muy escasas o prácticamente inexistentes a menos de que en una hábil maniobra de estrategia diplomática, nuestro Gobierno logre un acuerdo 'humanitario' para canjear TLC por bases militares. Do ut des (doy para que me des), decían y aplicaban los romanos en sus relaciones con los imperios vecinos, independientemente de que fuesen aliados o rivales.

Para nadie es un secreto -y el Gobierno colombiano es el primero en reconocer esta realidad- el altísimo costo político que, tanto interna, como externamente implica la autorización para que, así sea con propósitos muy loables en materia de seguridad y prevención del delito, tropas norteamericanas puedan hacer presencia en nuestro país en condiciones especiales que oscilan entre la inmunidad y la impunidad frente a eventuales transgresiones a los códigos nacionales.

Inmersos en este pantano y asumidas sus consecuencias, ¿por qué no presionar a los congresistas norteamericanos para que a cambio de la presencia de las tropas, le den un trámite especial a nuestro TLC? Por enésima vez recordemos que somos su principal aliado en la región, y a los enamorados hay que consentirlos con hechos concretos y no sólo con expresiones ociosas. No todo puede ser sumisión y sometimiento de acá para allá. Si este anhelo no es posible y finalmente nos quedamos sólo con la presencia militar, pues sincerémonos e incluyamos la estrella cincuenta y uno en el tricolor nacional.

Al menos, nuestras actuales exportaciones a Estados Unidos dejarían de tener restricciones al convertirse en ventas locales.

gpalau@urosario.edu.co