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 Hacía tiempo que un presidente de Estados Unidos no estaba, literalmente, en Wall Street. Pero eso cambió ayer cuando Barack Obama se hizo presente en el número 26 de esa calle neoyorquina, con el fin de hablarles a los banqueros y a los comisionistas de bolsa que tienen su sede en la 'Capital del Mundo'. El motivo no era otro que conmemorar el primer año de los eventos que condujeron a la quiebra de Lehman Brothers, así como al rescate, venta apresurada o intervención de Merril Lynch, Washington Mutual, Wachovia, Fannie Mae y Freddie Mac, entidades que tenían a su cargo cientos de miles de millones de dólares y cuya bancarrota o amenaza de colapso -según el caso- constituyó la crisis más grave del capitalismo en las pasadas siete décadas.
Es bien conocido que la emergencia ocasionó una parálisis del crédito que en los meses siguientes se transmitió a la confianza de los consumidores y de allí al sector real. Y aunque las cifras más recientes demuestran que el peor escenario -el de una gran depresión- no ocurrió, es indudable que la fuerza del remezón superó todos los cálculos. Como consecuencia, la economía mundial registrará este año su primera caída desde finales de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el aumento en el desempleo se ha convertido en el dolor de cabeza más grande en las más diversas latitudes. Ese último hecho asegura que la recuperación sea particularmente lenta y que sólo hasta bien entrada la próxima década el valor de la producción global vuelva a ser equivalente al alcanzado a mediados del 2008.
Por otra parte, el salvamento del sector financiero ha requerido de la inyección de una enorme suma de recursos, que llega a 2,7 billones de dólares entre aportes de capital y líneas de crédito blando para garantizar la liquidez de centenares de instituciones en todo el planeta. Esa labor ha implicado la nacionalización parcial de algunos de los bastiones principales del capitalismo, no sólo en Norteamérica, sino también en Europa y Asia.
Ante el esfuerzo realizado y los costos asumidos, es apenas lógico que la principal preocupación de los gobernantes sea la de hacer todo lo posible para que la debacle no se vuelva a repetir. No obstante, un grupo creciente de representantes del sector privado ha querido oponerse a los esfuerzos de reforma, con el argumento de que las cosas han salido mejor que lo esperado. Dicho en otras palabras, y a pesar de haber estado al borde del abismo, la percepción generalizada en Wall Street es que las aguas volvieron a la calma.
Frente a esa postura, Obama puso ayer los puntos sobre las íes con el argumento de que la normalidad y la complacencia son dos cosas diferentes. Para el actual inquilino de la Casa Blanca, es necesario un mayor esfuerzo regulatorio que vendría acompañado de una supervisión más intensa y de un nuevo esquema que defienda los intereses de los consumidores. Además, habría requisitos adicionales en materia de capital para evitar el apalancamiento excesivo, así como la prohibición expresa de realizar cierto tipo de operaciones. Incluso el sistema de compensación imperante y aceptado, consistente en un salario básico bajo y bonos por desempeño que pueden llegar a ser de millones de dólares, estaría bajo revisión. La idea también es que dichas iniciativas formen parte de la agenda de la próxima reunión del Grupo de los 20 en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, que tendrá lugar la próxima semana.
En respuesta, los críticos de la propuesta alegan que tanta normatividad limitaría la creatividad financiera y acabaría afectando a los consumidores a través de mayores costos. Semejante razonamiento, como es de imaginar, no tiene muy buen recibo entre el público, cansado de una serie de abusos, unos certificados y otros supuestos, que se expresan en la privatización de las utilidades y la socialización de las pérdidas.
Pero el futuro de la discusión se encuentra en manos del Congreso norteamericano, en donde Obama no las tiene todas consigo, a pesar de la inmensa mayoría con que cuenta el Partido Demócrata. Así lo demuestran los tropiezos que ha sufrido la propuesta para reformar el sistema de salud en cuya defensa el Ejecutivo se ha gastado buena parte de sus municiones. Por eso, hay quienes se preguntan si a la hora de examinar una modificación en la regulación financiera, Washington se incline más bien por los cambios cosméticos y no por los de fondo.