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Fueron muchos y muy graves los daños causados por el Gobierno de Gaviria. Se desinstitucionalizó el país, utilizando métodos abiertamente violatorios de la Constitución vigente para derogarla y establecer la lamentable colcha de retazos que nos rige desde 1991. Se revocó el Congreso. Se estableció un hotel de 5 estrellas para la mafia. Se atacó al agro y se persiguió la producción nacional con una apertura unilateral que generó desempleo y llevó a la desaparición a gremios como Fedemetal, por la quiebra masiva de sus afiliados. Con el cuento de la 'multibanca', se destruyeron el sistema Upac y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, originando la ruina de los constructores y de los propietarios de vivienda que se presentó después y que condujo a la tremenda recesión de la década pasada.

En fin, difícilmente un gobierno podría haber cometido más errores. Sin embargo, no se equivocó al ampliar el cubrimiento del sistema de salud.

Como todo sistema que atiende necesidades humanas, el nuestro despierta críticas. Se quejan los usuarios que consideran que no reciben la atención necesitada o deseada. Las EPS manifiestan que los márgenes de rentabilidad son peligrosamente estrechos.

Los médicos y el personal de atención, así como muchos proveedores de insumos, se sienten maltratados. Y, definitivamente, algunos actores sacan indebido provecho del sistema.

Pero el hecho es que la cobertura en salud en Colombia se incrementó del 25% de la población en 1993 al 86% en 2008, una ampliación del servicio rápida y de gran alcance que no se ha dado en ningún otro país. Hoy los expertos de todo el mundo estudian el caso colombiano con gran cuidado, analizando la posibilidad de implementar algo similar en otros países.

Lamentablemente, el sistema tiene amenazas serias. En primer término, contraviniendo la ley, ningún gobierno ha ajustado el POS emitido en 1993 a los cambios epidemiológicos que ha sufrido el país, ni a las mejoras en las terapias que se han venido presentando. Esto ha dado pie para que, a través de tutelas y prestándose a los abusos de algunos proveedores, los recobros al Fosyga alcancen ya la enorme suma de $1,3 billones, carga que de continuar creciendo afectará seriamente la viabilidad del sistema.

La segunda gran amenaza nace de la excesiva participación del sector judicial en la operación del sistema. Para cualquier juez es muy fácil darle gusto a quien le solicita una tutela. Pero cuando a un juez le da por ejercer medicina y decreta una tutela amparando una cirugía estética o a un paciente cuyo costo de atención puede exceder $1.000 millones en un año, está en efecto privando a muchos otros ciudadanos de sus tratamientos. Y la prescripción masiva por parte de los jueces puede llevar a la ruina el sistema.

En su Sentencia T760 del 2008, la Corte Constitucional le impuso al Ejecutivo obligaciones que implican aumentar el gasto en salud en cerca de 3 puntos del PIB en un plazo irreal. Como los recursos no son infinitos, esto obligará a desatender otros sectores, como la educación y la vivienda, ya de por sí bien necesitados. Es malo que las cortes estén interviniendo en política, pero es peor que manejen la economía a través de sus fallos.

Llegó la hora de que las tres ramas del Estado, deponiendo sus celos y antagonismos, se reúnan a definir conjuntamente un esquema de desarrollo para nuestro sistema de salud que sea ambicioso, pero también práctico y realista.

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