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Leyendo el informe de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, es inevitable preguntarse si existe alguna relación entre sus conclusiones y lo que podríamos denominar el 'régimen tributario de la confianza inversionista', entre otras cosas, porque coinciden los periodos cubiertos por ambos -2002 a 2008-.

Prácticamente todos los analistas están de acuerdo en que el desempleo es el principal flagelo que aqueja al país -superado quizá por la corrupción-, y que las pequeñas y medianas empresas son las mayores generadoras de empleo. Era de esperar, en consecuencia, que los enormes sacrificios fiscales produjeran algún alivio; por el contrario, el informe señala que el deterioro de la indigencia la llevó en el 2008 a niveles del 2002.

Frente a la tributación no sorprende este resultado, si observamos que, dados los requerimientos de inversión, las pymes no pueden acceder a beneficios tributarios tales como la generosa tarifa de las Zonas Francas. Y en cuanto al obsequio fiscal por compra de activos, que en los últimos cinco años le ha costado al país más de 10,5 billones, la actividad más beneficiada es la minera, paradójicamente una de las que menos trabajadores ocupa, según el Dane. Con el agravante de que una parte importante de esta gabela no ayuda a los inversionistas, sino a los fiscos de sus países de origen o a los paraísos tributarios. Tampoco son evidentes las medidas para ocupar y estimular a los pequeños agricultores, quienes siguen luchando por recuperar las tierras que les esquilmaron los nuevos terratenientes, mientras abundan los beneficios tributarios para la gran agroindustria.

El mencionado informe también señala que la desigualdad se mantuvo en el 2008 con relación al 2002, con tendencia al deterioro desde el 2005. No sorprende este resultado: en Colombia todos los socios y accionistas pagan la misma tarifa regresiva de impuesto de renta, lo cual conduce a mantener y a incrementar las distancias. Además, las medidas tributarias, dizque destinadas a promover la democratización accionaria, sólo han servido para disfrazar las grandes operaciones. ¿Podría saberse cuánto valen los impuestos pagados sobre las cuantiosas transacciones realizadas con las sociedades nacionales?

Aunque se afirma como dogma, que la redistribución del ingreso debe hacerse a través del gasto, no del ingreso, esta premisa tiene aplicación sólo cuando los impuestos entran al Tesoro Nacional, porque no es posible hacer gasto social con los impuestos evadidos u obsequiados, que no se reintegran a la economía del país.

Por ello, resultaría lógico estimular la verdadera reinversión de utilidades, no el gravamen a los patrimonios de las empresas ni la exención a las rentas que terminan en los paraísos fiscales o en actividades especulativas.

Hay razones entonces para pensar que el nuevo modelo tributario, vigente desde el 2002, tiene mucho que ver con el incremento de la pobreza, la indigencia y la desigualdad, por lo cual resulta aún más incomprensible que se insista, no sólo en mantenerlo, sino además en blindarlo durante 20 ó 30 años, mediante contratos de estabilidad y Zonas Francas.

horacio.ayala@etb.net.co