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 La situación del sector agropecuario colombiano es realmente un tema de interés y de análisis que debe ser estudiado con profundidad. No sólo situaciones evidentes en materia económica son las que preocupan, como el coeficiente Gini que indica una de las peores situaciones de centralización de capital y distribución del ingreso, sino también el aumento de la cantidad de desplazados por la violencia política y económica y el apoyo a los grandes propietarios en desmedro del pequeño y mediano campesinado.

Tal vez el principal problema es la propiedad en el campo. Durante las dos últimas décadas se ha producido la más infame contrarreforma agraria de que se tenga noticia en el continente. Las tierras más productivas del país han pasado a manos de narcotraficantes, paramilitares, gamonales y políticos regionales, con un evidente apoyo del Estado central a sus proyectos productivos.

La violencia generó el desplazamiento de más de tres millones de personas, según datos oficiales y de la sociedad civil. La política del Estado no ha sido la de revertir la expropiación violenta de las tierras, sino más bien, recurrir a mecanismos asistencialistas para asegurar el no retorno de los campesinos, convirtiendo a esos actores productivos definitivamente en pobres, hacinados en los centros urbanos, en camino hacia la desesperanza, con lo cual se crea una cultura de miseria y recepción de subsidios insostenibles en el futuro cercano. Por ello, el Gobierno ya habla de subsidios cruzados y un sólo tipo de ayuda: a los más necesitados.

El concepto de desplazados deja de existir para ser reemplazado por el genérico de la pobreza y la indigencia. Una vez logrado eso, ya no se hablará más del retorno y se legalizará definitivamente el sistema que expropió, expolió, asesinó, centralizó y concentró la propiedad más productiva del país en los generadores de la violencia que evolucionaron a distinguidos capitalistas del campo, productores de riqueza y actores sociales de primer nivel en sus regiones.

Los pequeños y medianos campesinos en tierras pobres y de minifundio, especialmente en Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño; deambulan sin futuro entre la economía natural no sostenible, jornaleando fuera de cualquier condición de respeto de los derechos laborales, y el asistencialismo.

Una vez al mes los recursos del Estado son repartidos en miniconsejos comunales, donde se resalta la bondad del Gobierno con los recursos fiscales y se distribuyen limosnas para los viejos y los niños, que habitualmente se quedan en las tiendas y aumentan las utilidades de 'SABMiller' a la salida de las reuniones. De eso hay infinidad de testimonios.

Mientras tanto, el país se debate entre la inseguridad alimentaria nacional y la pérdida de la masa de pequeños y medianos campesinos que en el pasado aseguraron el sustento de las grandes urbes. Las importaciones de alimentos han crecido exponencialmente y la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto disminuye a menos de dos dígitos. Se habla mucho de proyectos agroindustriales de gran magnitud, y ya sabemos quiénes los realizan. Mientras tanto, como lo escribió Calderón, hay cada vez más 'siervos sin tierra' y pobres de verdad, sin esperanza de empleo digno, sino tan solo dependiendo de un asistencialismo degradante. Es simplemente una bomba de tiempo.

dgumanam@unal.edu.co