El Artículo 341 de la Constitución Nacional establece que cada gobierno debe elaborar su Plan Nacional de Desarrollo y presentarlo a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. Aún antes de que existiese esta obligación explícita, era de buen recibo que los respectivos gobiernos elaborasen su carta de navegación y a pesar de que en países como el nuestro es tarea bastante difícil planear o planificar más allá de la próxima semana, algunos planes de desarrollo son especialmente recordados por la opinión pública, bien sea porque fueron diseñados de una manera coherente y acertada o porque -para bien o para mal- tuvieron un grado de aplicación superior al 50 por ciento en cuanto a realizaciones se refiere. Tal fue el caso del plan de las Cuatro Estrategias que dio origen al sistema Upac como eje central de la política de fomento a la construcción de vivienda, o el de alto contenido social enfocado a cerrar la brecha entre ricos y pobres, o el del revolcón de los años 90 que puso en marcha el proceso de apertura de la economía, con todas sus implicaciones.
Como todo apunta a que tendremos una tercera administración Uribe, la pregunta es si en cumplimiento de lo establecido en el artículo citado, ¿vamos a tener un nuevo y diferente plan de desarrollo, o si por el contrario éste será una refrendación del que supuestamente está vigente desde el 2006 y que termina en agosto del 2010? La verdad es que se requiere un gran esfuerzo mental para aceptar que el fin primordial del actual plan de desarrollo sea la consolidación de un Estado Comunitario que "auspicie y permita la participación ciudadana en las decisiones públicas" y "garantice la eficiencia, la equidad y la transparencia en las acciones oficiales". 'Del dicho al hecho hay mucho trecho', reza un proverbio popular, y tal vez esta sabia expresión no pueda tener más asidero que cuando uno confronta este enunciado con la manera tortuosa y maquiavélica con que se ha manejado todo el proceso que aparentemente va a permitir la segunda reelección del Gran Timonel.
En materia de logros cuantitativos, el actual plan de desarrollo se caracteriza también por grandes desfases entre lo previsto y lo realizado. Con lo ocurrido en el 2008 y con los estimativos más optimistas para el 2009 y para el 2010, la meta de un crecimiento promedio anual del 5 por ciento es ya pura utopía. Ni qué decir de la meta de desempleo para el 2010, prevista en un 8,8 por ciento. Está claro que por varios años más vamos tener que recurrir a cifras de dos dígitos para cuantificar el desempleo en las principales ciudades del país.
En materia del manejo de las finanzas públicas el desfase es aún más considerable, pues con la caída en el recaudo tributario, anunciada y reconocida por el zar de las finanzas, el déficit consolidado del sector público se mantendrá bastante por encima del 2,3 por ciento del PIB, que era el propósito inicial.
En conclusión, con reelección y todo urge una revisión a fondo de las metas y de las estrategias para el período comprendido entre el 2010 y el 2014. Ni más de lo mismo e inaceptable que el plan de desarrollo se reduzca al objetivo estrictamente militar de lograr la eliminación física de los cabecillas de la subversión.
gpalau@urosario.edu.co
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