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Es curioso que haya sido precisamente el Secretario Jurídico de la Presidencia quien afirmara que "al Presidente no lo van a sacar a gorrazos", en la entrevista que le hizo Yamid Amat el domingo pasado. Él sabe mejor que la mayoría de los colombianos que eso no es necesario, mientras se mantenga la Constitución Política de Colombia, porque el Presidente tendrá que irse al finalizar su período, como lo han hecho respetuosamente los presidentes constitucionales que ha tenido este país. La Constitución, entre otras razones, es precisamente para eso, para que haya una transferencia ordenada del poder y para ponerle límites a la ambición de los políticos. Para que sea necesario sacar a un presidente a cachuchazos se necesitaría que pretendiera permanecer en el poder después de haberse vencido su período constitucional.

Tiene que ser en referencia a esa posibilidad, que Del Castillo hizo esa afirmación, pues en la misma entrevista sostuvo la tesis de que Uribe no puede decir si va a ser candidato para el 2010, mientras no se apruebe el referendo, porque no tendría ninguna facultad para serlo. Entonces, por la misma razón, nadie tiene que pensar en sacarlo. Él se tiene que ir el 7 de agosto de 2010. Ahora, si se aprueba el referendo, y es reelegido no lo tendrá que hacer hasta 2014.

La única ocasión en la que se contemplaría sacar al Presidente contra su voluntad sería si no se aprueba el referendo y el insistiera en permanecer en la presidencia a la fuerza, o postularse como candidato en el 2010. Entonces sí sería necesario exigirle que se vaya por no cumplir con la Constitución de 1991. Por eso, es curioso que sea el Asesor Jurídico del Presidente el que traiga a cuento esta situación que es indeseable desde todo punto de vista.

Lamentablemente, la declaración de que el Presidente no se deja sacar es parte del discurso reeleccionista y ha estado en boca de otros militantes del uribismo que han cuestionado la legitimidad de la Constitución vigente. Dentro del oficialismo se debe haber discutido en consecuencia qué se haría si todo falla y Uribe no puede ser candidato a la presidencia en el 2010, y es posible que se haya presentado un Plan Z que contempla la posibilidad de desconocer la Constitución. Es improbable que esto suceda, pero no es imposible y no sabemos con certeza cómo reaccionaría el país a un desarrollo político de esa naturaleza.

Jorge Orlando Melo, en un excelente artículo publicado por El Tiempo el jueves pasado, advierte cómo se ha venido incrustando en nuestra sociedad un fascismo 'ordinario', de baja intensidad, que justifica la tortura, el paramilitarismo y la justicia privada como respuesta legítima a la violencia de izquierda. Hace unos años, nos llamaba la atención que amigos de otros países de la región no quisieran hablar de política por teléfono. Hoy no es raro que alguien suspenda una conversación diciendo "mejor no seguir discutiendo esto por celular". A los empresarios les da temor expresar sus preferencias políticas en público para no correr el riesgo de represalias. Cuando se habla de desaparecidos o de los falsos positivos no falta quien interviene para decir que "algo deben haber hecho" las víctimas.

Ante las perspectivas de tener mayor seguridad y de 'vivir tranquilos' , la libertad, el debido proceso, los derechos civiles y humanos, y las garantías que brinda una verdadera democracia han venido perdiendo valor para el grueso público. Como estos cambios han avanzado en diferencias apenas perceptibles, cuando la gente se dé cuenta de lo que ha perdido y el valor que tenía va a ser tarde para recuperarlo.

rhommesr@hotmail.com