Es difícil no mirar con cierta incredulidad la sucesión de avisos hecha en la más reciente cumbre de mandatarios de la 'Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos', más conocida como el ALBA-TCP. Y es que el esquema de integración, que comprende a nueve naciones latinoamericanas y caribeñas y fue fundado en diciembre del 2004 por los presidentes de Cuba y Venezuela, se ha caracterizado más por las palabras que por los hechos. No obstante, a pesar de su preferencia por la retórica, el ente ha podido consolidarse como un bloque regional importante que ha venido opacando a sistemas más antiguos y establecidos.
Quien lo dude, no tiene más que mirar cómo el ALBA logró romper el consenso hemisférico y dio al traste con el anhelo de tener una declaración única, durante la Cumbre de las Américas en abril pasado. De hecho, los que saben de estos asuntos sostienen que este hijo preferido de Hugo Chávez goza de gran popularidad por su discurso antiimperialista, logrando entorpecer el trabajo de entidades como la OEA, en donde se sientan los representantes de las 34 democracias del continente. Parte de la dificultad en resolver la crisis hondureña, ocasionada por el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya hace más de tres meses, tiene mucho que ver con las posturas radicales del Mandatario depuesto, quien se integró a la alianza en el 2008.
Con razón, la declaración aprobada en Cochabamba el sábado 17 trata no sólo este tema, sino también, y entre muchos otros, el del uso de bases militares colombianas por parte de tropas de Estados Unidos, que generó el más reciente encontrón con Caracas. Pero aparte de decenas de párrafos que hablan de lo divino y lo humano, el plato fuerte de la cita en Bolivia fue la suscripción del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) "como instrumento para lograr la soberanía monetaria y financiera, la eliminación de la dependencia del dólar estadounidense en el comercio regional, la reducción de asimetrías y la consolidación progresiva de una zona económica de desarrollo compartido". Aunque los detalles de cómo operaría el mecanismo quedan pendientes, la noticia se suma a las ya dadas por Brasil y China, en el sentido de abandonar la divisa norteamericana como referente en algunas de sus transacciones.
Sin embargo, es probable que pasar de la teoría a la práctica sea fácil. Para comenzar, Ecuador, la segunda economía más importante del ALBA, está dolarizada. A pesar de que mantener al billete verde como moneda de curso es una camisa de fuerza, el presidente Rafael Correa sabe que buena parte de su popularidad radica en dejar las cosas quietas en ese frente. Por su parte, Venezuela, cuya economía tiene un peso cercano al 60 por ciento en la Alianza Bolivariana sigue maniatado con un tipo de cambio fijo, expresado en bolívares fuertes por dólar.
El escepticismo, claro está, no se restringe al campo cambiario. Tampoco se ven las cosas fáciles con una serie de nuevas entidades que incluyen la Empresa Grannacional de Importaciones y Exportaciones del ALBA; la Empresa Grannacional en Materia de Aluminio; la Empresa Grannacional en Hierro y Acero; el Instituto Grannacional de Investigación y Evaluación de Geología, Minería y Metalurgia y la Empresa Grannacional de Minas y Metalurgia. Según los observadores de cumbres pasadas, es poco lo que se ha avanzado en la conformación de otras instituciones ya propuestas, buena parte de las cuales han sido impulsadas y financiadas por Hugo Chávez.
Es sabido que es el inquilino del Palacio de Miraflores el que sin duda es el principal promotor de un esquema que, en vez de un norte, parece dirigirse hacia todos los puntos cardinales. Además, es el único que tiene la chequera suficiente, aunque disminuida por la crisis, para financiar el sueño bolivariano. Frente a esa realidad, vale la pena preguntarse si Colombia debería preocuparse por el ALBA, así muchos de sus mecanismos sean inoperantes. La respuesta es que la amenaza es más de orden político que económico y que la posible creación de una 'Estrategia de Defensa Integral Popular Conjunta' debería inquietar a Bogotá más que la poco probable y, si acaso, lejana llegada del Sucre.
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