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  Orquestadamente, como actúan quienes hacen oposición al Estado de derecho y al régimen democrático, se ha arremetido contra el vicepresidente Santos, el Gobierno y el programa de Agro Ingreso Seguro y, naturalmente, contra Andrés Felipe Arias, quien rápidamente ha pasado a ocupar un lugar promisorio en la política del país.

Una vez más, observamos atónitos cómo las decisiones de los organismos de control se conocen por los medios de comunicación y cómo, en este caso, se cronometró para que saliera a la luz pública cuando el Presidente se encontrara reunido con el Mandatario de Brasil.

Para el ex ministro Arias es una batalla más, como bautismo de fuego, en su ingreso exitoso a la arena política, como hombre joven, preparado y con ganas, pero ante todo con el valor ciudadano de declarar sin tapujos o por conveniencia electoral, su condición de conservador a secas y de defensor de la obra del Gobierno. En nuestro mundo político y frente a quienes van tras el Estado democrático que defendemos y las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo, estas condiciones encarnan una seria amenaza.

Después de leer y oír el alud de escritos y noticias, con las cuales se desplegó la ofensiva y las respuestas que finalmente empiezan a salir al aire, le debe quedar al ciudadano neutral un sabor de manipulación política, no para defender derechos, como se ha dicho, sino para causar daño. Al Presidente y a su obra de Gobierno y de contera a quien encarna un peligro político. Carambola a tres bandas.

De toda la mezcolanza de acusaciones que al estilo de las prácticas incriminatorias y probatorias imperantes en el país se han lanzado, y conocidas las respuestas que van surgiendo, vale destacar:

El subsidio que conlleva el programa - y que como todo subsidio es no reembolsable, lo que no han entendido muchos- es una ayuda a la producción del agro, mediante la recapitalización, la infraestructura, la mecanización u otros, y no es un subsidio directo a la pobreza, que podría existir, pero que no es el caso. Es un apoyo a la producción del campo para enfrentar una competencia externa, cada vez más desleal y subsidiada, y llenar vacíos fruto de la desidia de periodos anteriores. A su vez, mediante la producción y el empleo ayudar a todos, incluidos los de menores ingresos.

En su respuesta, el doctor Arias explicó cómo el efecto positivo se extiende a 316.000 familias donde el 98 por ciento son pequeños y medianos productores, los cuales recibieron el 90 por ciento de los recursos. Y si vamos al módulo de riego, donde hay 33.424 beneficiados, el 99 por ciento son pequeños y medianos productores con el 94 por ciento de los recursos.

Por hectárea, el productor más pequeño es el que ha recibido mayores recursos. En cuanto al procedimiento, en lugar de actuar 'a dedo' como se solía hacer, se hicieron públicas las listas de solicitantes y beneficiados y se fijaron conceptos y puntajes objetivos para su calificación por un tercero de reconocida solvencia. Sólo hasta ahora los acusadores se percataron de los pocos avivatos que se colaron en el programa y que aquí y en todas partes y épocas aparecen cuando se trata de otorgar o derivar beneficios.

Como lo reconoce la Sociedad de Agricultores de Colombia y como lo muestran las cifras de producción y empleo, es un programa exitoso, donde la plata no se ha perdido, como también quieren hacerlo parecer. Para ello, se estableció un seguro que cubre estos riesgos. No se defiende entonces una supuesta usurpación de los dineros públicos de los pobres para favorecer a los ricos. Se busca un efecto político para generar más turbulencia y daño.

alberto.schlesinger@usa.edu.co