Dos nuevas denuncias enfrenta el programa Agro Ingreso Seguro. Por un lado, el Gobierno sí fue advertido sobre el sesgo en favor de los ricos y por el otro, posiblemente, algunos grandes productores que tenían cartera morosa fueron beneficiados con el plan de normalización, lo que les permitió pasarse a la línea de crédito de AIS, es decir que no solamente renegociaron su deuda, sino que les habrían reducido la tasa de interés.
Estas son las dos denuncias concretas que la senadora liberal Cecilia López iba a llevar al Congreso, pero que no podrá hacer en ese recinto debido al riesgo de perder su investidura, ya que su hijo recibió un crédito para un proyecto agropecuario que no incluyó subsidio directo.
De acuerdo con la legisladora, las advertencias sobre el incremento de la desigualdad social y los problemas que se podrían generar con el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), no fueron pocas.
Estudios como el realizado a la estrategia Procampo, de México, el presentado por Cega de la Universidad de los Andes sobre los incentivos al campo, y las investigaciones de Fedesarrollo-Econometría y el trabajo elaborado por el economista Iván Mauricio Cardona para Oxfam GB Colombia, confirman que el polémico AIS recibió varias alertas previas al escándalo que hoy avergüenza al país.
"El Gobierno desconoció esas luces rojas, no previó ni corrigió los efectos negativos que el AIS podía generar".
Es más, varias de las alarmas se dispararon antes de la estructuración de la política de ayudas que en un principio debía orientarse a mitigar el efecto negativo que pudiera tener el TLC con Estados Unidos sobre los productores del campo más desprotegidos. Y como si esto fuera poco, también hubo alertas durante el proceso de definición del programa y un año después de haber sido puesto en marcha.
"El Gobierno era consciente de los efectos de AIS, pues este era apenas la extensión de la política agropecuaria 'prorrico'.
La primera luz de alerta la prendieron los congresistas de la oposición, quienes durante la discusión del proyecto antes de su aprobación, dejaron en claro que había un sesgo en favor de algunos sectores, pues mientras a los más pudientes se les asignaban recursos no reembolsables en calidad de subsidio directo, a los pequeños productores se les entregaba plata, pero prestada.
Posteriormente, un año después de puesto en marcha el programa, el Gobierno contrató los servicios de una unión temporal conformada por Fedesarrollo y Econometría, para que hicieran una evaluación a cuatro instrumentos del AIS: convocatorias de riego, Línea Especial de Crédito (LEC), Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) e Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT).
La principal conclusión del estudio base realizado por estos dos centros de investigación fue la siguiente: "En el caso de los pequeños productores resulta inconveniente dejar la competencia por los recursos exclusivamente al mercado".
De acuerdo con la senadora López, esto corrobora la orientación que el Gobierno le dio al programa desde un comienzo, es decir, "para favorecer a una minoría, que son los grandes productores del campo".
Pero la senadora liberal le dijo a PORTAFOLIO que su crítica al AIS no se centra en las irregularidades cometidas en su ejecución y en las trampas que algunos le han hecho al esquema para obtener beneficios adicionales, a los sesgos que de por sí genera el programa. "Mi crítica es a la política agropecuaria del Gobierno.
Están obsesionados con la competitividad y dejaron a un lado la igualdad. Se trata de una política orientada a favorecer a los ricos de este país, sin tener en cuenta las paupérrimas condiciones en que vive más de la mitad de los habitantes".
La legisladora asegura que con el AIS diseñaron un modelo de demanda de recursos, que no se basa en incentivos, sino en subsidios.
"La diferencia está en que los programas de incentivos incluyen compromisos de quienes los reciben mientras que los subsidios simplemente se reciben sin ninguna correspondencia".
En su opinión, esa advertencia también fue hecha en un estudio del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (Cega) de la Universidad de los Andes, en el que se alerta sobre los problemas que el sector agropecuario tiene fuera del sitio de producción, tales como las deficiencias de infraestructura, comercialización y acceso a mercado.
En la actualidad, AIS representa el 46 por ciento de los recursos de la política agropecuaria, lo que en concepto de la senadora, evidencia el sesgo en contra de los pobres.
"El Ministerio de Agricultura no hace nada para reducir la informalidad en el campo, que llega al 70 por ciento", sostiene.
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