Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

Los economistas contemporáneos concuerdan en que el desarrollo de las naciones depende de la calidad de sus instituciones. A ese consenso se llegó gracias a las contribuciones del Premio Nobel, Douglas North, y la evidencia del dramático colapso de las economías de la antigua Unión Soviética al adoptar la economía de mercado sin disponer de los organismos adecuados para su regulación.

North definió las instituciones como "las reglas de juego social, formales e informales, creadas por los ciudadanos para autolimitarse". Las entidades oficiales formales incluyen la Constitución, la ley y su aplicación impersonal y generalizada, así como el sistema de contrapesos a los poderes de intervención del Gobierno. Esos organismos crean los derechos de propiedad y los protegen, aseguran el cumplimiento de los contratos, otorgan credibilidad y legitimidad a la política económica y las demás políticas públicas. Sin estas 'reglas', el sistema capitalista y la economía de mercado no funcionan o lo hacen muy mal.

Una reforma constitucional que permitiera la reelección inmediata y diseñara contrapesos adecuados a los poderes del Ejecutivo para esa posibilidad, podría ser favorable al crecimiento económico por cuanto 'alargaría el horizonte de decisión' del ejecutivo de turno.

Sin embargo, cambiar la norma en vísperas de elecciones sin ajustar los contrapesos diseñados para un sistema sin reelección es algo bien distinto y tiene consecuencias bien diferentes.

En una entrevista de Peter Robinson a Douglas North, éste comparó los casos de Chile y Argentina después de su regreso a la democracia y recordó una anécdota. En una ocasión el presidente Menem le contó que pensaba hacerse reelegir. North preguntó si ello estaba permitido en la Constitución y Menem aseguró: "no se preocupe, voy a hacer cambiar la Constitución".

North dice que en ese momento comprendió que Argentina iba camino de un nuevo fracaso, a pesar de las reformas económicas de Menem, pues "si un ejecutivo fuerte puede cambiar la ley y la Constitución cuando no le gustan, la economía pasa a depender del arbitrio del político del turno". Esta opinión resultó profética con respecto al desastre económico e institucional que sobrevino luego en Argentina.

Por demás, la literatura reciente concluye que los líderes políticos afectan el crecimiento económico, para bien o para mal, sólo cuando las instituciones son débiles. Y que los líderes políticos que contribuyen más al desarrollo económico de largo plazo son aquellos que crean o consolidan instituciones democráticas y económicas fuertes y aquellos que las debilitan acaban por hacer daño al desarrollo de su país, así ejerzan un buen Gobierno durante su mandato.

Una segunda reforma a la Constitución orientada a permitir otra reelección del actual Mandatario, sin ajustar el sistema de contrapesos de poder, demerita la legitimidad misma de la Constitución, como norma superior a la que deben someterse los intereses de todos los ciudadanos, sin excepción, en forma duradera. Contribuiría, además, a generalizar la idea equívoca y peligrosa para el desarrollo económico de que un líder providencial importa más que la perdurabilidad y credibilidad de las instituciones constitucionales.

La concentración del poder y el 'Balance de contrapesos'
La Asamblea Constituyente de 1991 procuró establecer un mayor equilibrio entre los poderes públicos, limitando los del Ejecutivo central y aumentando los de otras ramas del poder público (el Congreso, las cortes y las entidades de control -Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo-. Además, otorgó autonomía al Banco de la República, a la Comisión de Televisión y a los gobernadores y alcaldes. Las leyes que desarrollaron los mandatos constitucionales sobre servicios públicos siguieron estos ejemplos otorgando autonomía a las Comisiones de Regulación. Este rebalance de poderes y contrapesos, tuvo como objeto disminuir la concentración de poder formal y real que tenía el Presidente, reducir los márgenes de arbitrariedad en el manejo de las políticas públicas y otorgarles a éstas, en consecuencia, una mayor estabilidad y credibilidad. Con el mismo propósito prescribió un proceso de planeación y presupuestación pública que obligara a una mayor permanencia, transparencia y coherencia de dichas políticas.

Las normas respectivas, sin embargo, se diseñaron con base en la premisa de que no habría reelección presidencial. En particular, los procedimientos establecidos para el nombramiento o elección de los funcionarios que rigen las entidades de control y de la junta del Emisor, buscaban asegurar la independencia de estas entidades con respecto al presidente de turno. Al establecerse la posibilidad de reelección inmediata por segunda vez consecutiva, no obstante, éstos procedimientos ya no garantizan su independencia del Ejecutivo. Lo mismo sucede con los nombramientos de las autoridades judiciales y de las comisiones de regulación. Así, en un tercer período el Presidente habrá nombrado o postulado, o una institución de mayoría uribista habría elegido, a la totalidad o mayoría de los miembros de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, así como al Fiscal, Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, la junta directiva del Banco Central y las Comisiones de Regulación.

Control fiscal: ¿cómo garantizar la independencia de los encargados de vigilar que las actuaciones de los funcionarios públicos se ajusten a la ley y el buen manejo de los recursos públicos, si éstos han sido nombrados o postulados por el presidente en ejercicio o por una corporación en la que dispone de una mayoría decisoria? La transparencia y eficiencia de la gestión pública y en el uso de fondos públicos son condiciones básicas para la credibilidad y eficacia de las políticas públicas y del gasto público. Por tanto, la menor autonomía potencial de los funcionarios encargados de la vigilancia y el control fiscal constituye un riesgo económico importante.

Banco de la República: más preocupante aún resulta la potencial pérdida de autonomía de la junta del Emisor. La evidencia ha demostrado que la independencia de los bancos centrales contribuye al control de la inflación, comoquiera que cuando ellos dependen del gobierno de turno están sujetos a presiones políticas para usar su poder de emisión primaria a favor del Gobierno o de sectores específicos (como sucedió con frecuencia en Colombia antes de 1991) o para moderar o reducir las tasas de interés con objetivos de expansión de corto plazo. En el caso colombiano, la independencia del Banco ha permitido controlar la inflación, mantener la confianza en períodos de crisis y ejecutar políticas monetarias y cambiarias anticíclicas por primera vez en la historia del país. La junta actual ha procedido con plena independencia.

Pero resulta innegable el riesgo que conlleva hacia el futuro la posibilidad de que un presidente reelegido opte por nombrar una mayoría de miembros que esté dispuesta a ser solícita con las indicaciones presidenciales.

La agenda legislativa: la Asamblea Constituyente esgrimió un argumento adicional contra la reelección inmediata: el costo resultante de que un presidente en ejercicio dejara de promover reformas necesarias pero controvertidas, por cuanto podrían limitar sus posibilidades de reelección, o descuidara en alguna otra forma las tareas de Gobierno al dedicar buena parte de sus esfuerzos a buscar su reelección. El análisis de la agenda legislativa reciente, permite observar cuánta razón asistía a este temor.

Al inicio de la primera administración Uribe se tramitaron y aprobaron un grupo muy significativo de reformas económicas y sociales en el área tributaria, pensional y laboral. Este ímpetu se frenó durante el período de discusión de la reforma constitucional que permitió la primera reelección. Al comienzo de la segunda administración se aprobaron algunas reformas importantes, como el acto legislativo sobre transferencias a las regiones. Pero la agenda legislativa en materia económica y social ha sido especialmente pobre en el curso del último año. Resulta improbable que una administración que no ha puesto atención a ciertos temas prioritarios (infraestructura, salud) durante dos períodos presidenciales, vaya a hacerlo en un tercero.