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A mediados del 2000, la Fiscalía incautó la Clínica Amazonas, sin embargo, ese centro médico siguió bajo la propiedad de una de sus dueñas, que después le cambió la razón social, con el fin de evitar que quedara en manos del Estado.

Esa irregularidad está bajo la lupa de la misma Fiscalía. Pero no es la única, pues existen cerca de174 casos que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) denunció penalmente luego de detectar que una verdadera mafia se estaba apoderando los bienes incautados a los narcos, como fincas, apartamentos, casas, hoteles, empresas y vehículos.

La DNE, que en los últimos dos meses relevó a siete altos funcionarios "para darle mayor transparencia a la entidad", según el director Ómar Figueroa, encontró que a través de documentos falsos, resoluciones adulteradas, suplantación de personas y esguinces a los procedimientos, decenas de millonarios bienes decomisados no sólo regresaban a manos de testaferros, sino que fueron usados como gancho para realizar estafas. Las autoridades han detectado al menos tres organizaciones que estarían detrás de la negociación ilegal.

En junio pasado, por ejemplo, un hombre identificado como Fabián Alfonso Rodríguez presentó una resolución falsa con la intención de que le entregaran la finca Japón, ubicada en La Dorada (Caldas), incautada a Henry Loaiza, alias 'el Alacrán'. En el documento también había sido falsificada la firma del director Figueroa.

Según el documento, la finca debía ser entregada "en comodato a Rodríguez por un periodo de cinco años, sin pagar mensualidad de arrendamiento a la DNE" y, además, con la posibilidad de que Rodríguez la pudiera comprar al cabo de un año.

Además, se investigan casos en los que se ofrecía los bienes en comodato a cambio de dinero, como el ocurrido con una cooperativa de campesinos en Tolima a la que le exigieron 50 millones de pesos por adjudicarle una finca decomisada a un presunto narco. 

La DNE adelanta un proceso para entregar la administración de los bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que depende del Ministerio de Hacienda, y así eliminar los administradores, depositarios y intermediarios.