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Cuando finalice el 2009 el país llegará a 527 kilómetros de doble calzada puestos al servicio en los últimos tres años.

Y la expectativa es que al 2011 se hayan sumado 600 kilómetros más, situación que, si bien favorece la competitividad, para las empresas de servicios públicos es un fuerte motivo de preocupación.

La razón, aún no hay claridad sobre quién debe asumir los costos por los traslados de sus redes.

Según un reporte suministrado por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) a Andesco, el gremio que representa a las empresas de servicios públicos, estas obras costarían unos 3,6 billones de pesos.

Ese sería el monto que probablemente tendrían que pagar las compañías si terminan asumiendo los traslados de las redes de servicios públicos para no interrumpir los proyectos en carreteras nacionales que se están construyendo.

Lo más grave, independiente de la cifra que les corresponda, es que en caso de tener que asumir el costo de esos trabajos, las contingencias necesarias saldrían de los usuarios finales, a los que les tendrían que cobrar vía tarifas.

De ahí que en los últimos días se haya abierto el debate sobre el tema, pues es indispensable hacer claridad para hallar soluciones definitivas a una problemática que vienen discutiendo desde el 2003, cuando el Gobierno se embarcó en megaproyectos viales.
Lo que más preocupa a las firmas de ingeniería y de servicios públicos es que no hay soluciones concretas, pese al interés del Ministerio de Transporte por buscar una salida.

Para abordar el tema, mañana se iniciará una serie de reuniones intersectoriales con el fin de analizar la problemática.

El secretario Sectorial de Energía y Gas de Andesco, Marco Aurelio Vera, dice que el régimen jurídico permite el uso del espacio público y lo declara de utilidad pública e interés social. Considera que es viable el desarrollo de la infraestructuras de vías y la de los servicios, pero este último sector no comparte que se le aumenten los costos, los cuales -insiste-, por razones de eficiencia tendrían que trasladarse a las tarifas que paga el usuario final.

"Los servicios públicos deben tener un criterio de rentabilidad económica y se debe buscar al máximo que todos los costos en que incurran las empresas del sector se remuneren vía tarifas".

Pero hay una pregunta de fondo: ¿porqué entre el 2003 y 2008, cuando salió un decreto, nos impusieron la obligación de asumir los costos por los traslados de las redes, pese a que no había una norma que así lo estableciera?

El gremio plantea que la política pública cubra los costos de traslado de las redes en los presupuestos de los proyectos viales.

"De alguna parte tienen que salir los recursos para cubrir el traslado de las redes de servicios públicos cuando una vía es intervenida, pero también tenemos claro que hacerlo vía tarifas no conviene en este momento. Por eso hay que buscar una alternativa", dice el viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García, al referirse al costo que representa el traslado de las redes.
Sin embargo, Andesco baraja una pro- puesta que reduciría los gastos: en los casos en que sea posible desde el punto de vista técnico, no mover las redes y más bien dejarlas como punto intermedio entre una y otra calzada.