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Como si la crisis que enfrenta el país no estuviera ligada a la suerte del sector rural, en la agenda de los colombianos no figura la atención al problema más grave que aqueja a la nación. Los coterráneos dilapidan su tiempo discutiendo temas que, es cierto, deben tratarse, pero no como para copar todas las energías disponibles. Para no ir tan lejos, basta citar el caso de la reelección. El país lleva más de tres años enfrascado en un debate que no termina. Algo similar ocurre con el llamado choque de trenes. En la escala de prioridades impera la confusión y los tiempos de la agenda se trastocan.

Sin temor a equivocación se puede afirmar que la concentración de la propiedad rural y el desplazamiento forzado son dos aspectos del problema más grave que afecta al país, pero al que no se le brinda la debida atención y el cuidado que merece. Si acaso, menciones esporádicas, es lo que mantienen vivo el asunto. Saliéndose de esa pauta, hace unos pocos días, en un seminario programado por el Crece en Manizales, la directora del Cede de la Universidad de los Andes, Ana María Ibañez, presentó un trabajo que preparó con un excelente grupo de colaboradores.

El trabajo, no sólo descorre de nuevo el velo de la increíble concentración de la propiedad rural -con su recuento histórico y un Gini de 0.87-, sino muestra las consecuencias que tiene para la economía nacional.

Para quienes piensan que la concentración de la propiedad rural es un fenómeno relativamente reciente, les aclara que no hay tal: la concentración es una constante histórica, pues desde la época de la Colonia, bajo el concepto español de "morada y labor", se asignaban las tierras. El principio de la tierra es de quien la trabaja, era como el criterio para su distribución. La regla subsidiaria fue la colonización de baldíos -que no es hacer reforma agraria- y el pago de deudas de guerra, como las de la Independencia. Empero, lo importante es que el control de territorio y el despojo continúan vigentes en el conflicto actual. En realidad son estrategias de guerra. Desocupar territorio, expandir área de control, usar tierras como botín y financiación, ocupar predios con recursos naturales valiosos y comprar tierras para el lavado de activos, entran en la colada. Así se disipan los beneficios de la reforma agraria y se produce subutilización agropecuaria.

Sólo un 12,8 por ciento de los hogares aún controlan las tierras: directamente (1,2 por ciento) o con apoyo de familiares o amigos (11,6 por ciento). Las zonas abandonadas o despojadas suman 1,7 millones de hectáreas, número que equivale a 2.8 veces el total de tierras entregadas por reforma agraria entre 1993 y 2002.

Desde luego, los efectos sobre el PIB agrícola son devastadores. El lucro cesante neto por hogar desplazado equivale a 34.1 millones de pesos y la pérdida de animales asciende a 29 cabezas de ganado. Al agregar el lucro cesante anual se encuentra que el PIB agrícola ha perdido anualmente un 3,5 por ciento.

La incapacidad para mejorar los ingresos de los cultivadores tiene efectos perversos, dado que sólo un poco más del 5 por ciento de los hogares está por encima de la línea de pobreza y 75 por ciento de los desplazados está por debajo de la línea de indigencia. Entonces, cerca de 1'500.000 personas entraría a engrosar la lista de indigencia urbana, es decir, un 42 por ciento de esta población.

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