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  En múltiples oportunidades tanto los medios de comunicación como diversos columnistas se han referido a la problemática de fondo que existe en el sistema de salud colombiano y a la necesidad de que el Gobierno adopte los correctivos del caso. No obstante, a pesar de tales llamados la situación, lejos de mejorar, se torna más oscura. Así lo dejó en claro esta semana Acemi, el gremio de las EPS, que hizo un desesperado llamado sobre la viabilidad de la estructura actual.

Un derrumbe, que cada vez es más factible, no le convendría a nadie. Aunque es indudable que el esquema colombiano tiene imperfecciones, quienes saben del asunto dicen que en este caso lo que se requiere es trabajo y voluntad política para evitar un descalabro que afectaría a millones de personas. Semejante eventualidad sería desastrosa para una nación en donde la cobertura de los servicios de salud llega a casi el 80 por ciento de la población, cuatro veces más que hace década y media.

En este caso, de lo que se trata es de conciliar las aspiraciones de los pacientes, consistentes en tener el máximo de servicios posibles al mínimo costo, con las realidades económicas y limitaciones propias de un país de ingreso medio como es Colombia. Para hacerlo, existe un hoja de ruta diseñada por la Corte Constitucional en una sentencia hecha pública hace algo más de un año, algunas de cuyas decisiones han sido desconocidas por el Ejecutivo. Debido a ello, no ha tenido lugar la actualización integral del Plan Obligatorio de Salud (POS), tanto a la hora de determinar el valor de la prima, denominada UPC, como los tratamientos y procedimientos incluidos en el mismo.

Por esa circunstancia, existe una creciente demanda de servicios no identificados por el POS provenientes de fallos de tutela y autorizaciones de comités técnico-científicos, previstos por las normas. Estos servicios deben ser suministrados por las EPS, las cuales tienen que recobrarlos posteriormente ante la entidad que tiene los recursos, el Fosyga, asunto que se ha convertido en un problema de dimensiones mayúsculas y que tiene en líos al sector privado.

Según cifras entregadas por Acemi en su mensaje de alarma, las cuentas por cobrar de las EPS al Fosyga por servicios excluidos del POS superan 900.000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 500.000 millones han sido glosados por este último con base en diversos argumentos. Uno de los preferidos es que el Ministerio de la Protección Social considera que tales asistencias se encuentran en el POS y ya fueron pagadas.

En respuesta, Acemi señala que de no pagarse dicha suma, nueve de las 15 EPS afiliadas al gremio quedarían con patrimonio negativo y en causal de disolución. Tales compañías se verían abocadas a suspender operaciones en el 2010, quedando en el limbo 8,7 millones de afiliados. Un ejemplo de la magnitud del problema tuvo lugar el pasado 29 de octubre en el Congreso de Asocajas en Cartagena, el propio Presidente de la República pidió la ayuda a las Cajas de Compensación para que capitalizaran a la Nueva EPS, que a pesar de haber comenzado operaciones hace poco más de un año ya sufre de la asfixia de recursos.

Pero lo más sorprendente de la historia es que frente al sonar de las alarmas, el Ministro de la Protección Social reaccione aceptando el riesgo de desaparición de algunas EPS. Eso no sólo crearía graves trastornos, sino que enviaría una pésima señal a los inversionistas privados que han invertido miles de millones de pesos en la construcción de un sistema que tiene mucho de bueno. Más grave todavía, sería regresar al pasado y buscar la resurrección de monopolios públicos que acabaron naufragando por cuenta de la corrupción y la politiquería. Para algunos, el espaldarazo que recientemente ha recibido Caprecom es sintomático de que se viene una especie de contrarreforma por la puerta de atrás.

Ojalá eso no ocurra. Sin desconocer que el Gobierno tiene el derecho de exigirles a las EPS un servicio profesional y efectivo, también tiene el deber de fijar reglas de juego claras y estables que garanticen la sostenibilidad del ramo de la salud. De lo contrario, corre el riesgo de deteriorar la calidad de vida, agrandar el hueco fiscal y darle vigencia en la práctica a ese dicho que reza que a veces el remedio resulta peor que la enfermedad.