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 Ha pasado relativamente desapercibida la noticia sobre la renuncia masiva de los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Como es sabido, esta es la célula legislativa donde se surte el primer paso para investigar y acusar a altos funcionarios del Estado (presidente, magistrados de las altas cortes, fiscal general, entre otros) por hechos u omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones. Es el 'fuero constitucional' que siempre han tenido los principales dignatarios del Estado, que impiden que sean procesados por jueces ordinarios.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara es el primer 'filtro'. De allí se pasa a la plenaria y si ésta decide continuar, es el Senado de la República quien adelanta propiamente el juicio e impone la sanción. Durante todo el siglo XX y en lo que va corrido del XXI, sólo un presidente, el general Rojas Pinilla, fue acusado y sancionado por 'indignidad por mala conducta' en el Senado. Esa decisión fue después revocada por la Corte Suprema, lo que le permitió luego al General Rojas intervenir activamente en política hasta llegar a unos pocos miles de votos para volver a ejercer, por elección popular, la jefatura del Estado.

Los miembros de la Comisión han alegado absoluta falta de recursos y de personal para poder adelantar una verdadera función de investigación. Al margen del esfuerzo que adelantan algunos de sus integrantes, la verdad es que la opinión pública hace mucho rato no cree en la efectividad de estas atribuciones. Un sólo ejemplo bastaría para demostrar, de qué manera el procedimiento -y el hecho mismo de la composición política de sus integrantes- evita que a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, aquí tengamos a presidentes, magistrados, o altos dignatarios realmente procesados. Hasta 1991, los ministros del despacho tenían ese mismo 'fuero' ante el Congreso.

Desde entonces la competencia para investigarlos a ellos, al Procurador y al Contralor General se le atribuyó a la Fiscalía General de la Nación. Antes de 1991, no hubo un solo ministro en la cárcel y ni siquiera procesado en el Congreso. De entonces a hoy algunos ministros, contralores generales y procuradores han sido procesados, y en algunos casos, condenados por la justicia. El ejemplo no puede ser más revelador.

Para ensombrecer más el panorama, después de 1991, los magistrados de la Corte y los congresistas quedaron en la situación recíproca de investigados e investigadores. Hay quienes dicen que la renuncia de los miembros de la Comisión obedeció a que algunos de ellos -o todos- serían investigados a su vez por la Sala Penal de la Corte, por omisión en el ejercicio de su función investigativa.

Todo esto nos está indicando que estamos a la zaga en América Latina en cuanto al cumplimiento de las 'funciones judiciales del Congreso'. Un caso como el de Nixon, si se hubiera dado en Colombia, probablemente no hubiese terminado con la renuncia presidencial.

Es necesario buscar salidas para hacer efectivo este necesario control en toda democracia. Una, puede ser, dejarle a la Comisión la posibilidad de delegar toda la investigación en la Fiscalía o en un Tribunal de Distrito. Otra sería, dejarle al Congreso, como pasa en otras partes, la única misión de autorizar o no el procesamiento (lo que se conoce como desafuero) y luego pasar el proceso a una de las altas Cortes.

Lo único que no puede hacerse es dejar las cosas como están, pues contribuye al desprestigio del Congreso y al mantenimiento de la impunidad política en la nación. gomezgomezabogados@cable.net.co