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Dice la voz popular que el camino al cielo está empedrado de buenas intenciones.

De eso no cabe duda. Con las mejores intenciones: un diálogo permanente para mantener la credibilidad de los colombianos, tomarle el pulso a la nación en forma directa, conocer de primera mano los problemas regionales y, en fin, saber cómo marchan las cosas, el Presidente de la República puso en marcha un mecanismo de comunicación interesante; el de los Consejos Comunitarios de Gobierno.

En reuniones que se celebran los fines de semana, el primer Mandatario, con sus colaboradores inmediatos y grupos de habitantes de las regiones previamente seleccionados, analiza la más variada agenda, da instrucciones, se inventa fórmulas de solución y conforma un cuadro de referencia que le sirve -supongo yo- para hacerle seguimiento al enorme y complejo entramado de la administración. Además, en esas peculiares reuniones, da muestras de sus conocimientos y del dominio que tiene sobre ellos. Hasta aquí la cosa, bien.

Empero, como nada es perfecto en esta vida, hay un aspecto del sistema que no es conveniente, ni útil para los propósitos de la institucionalidad nacional y el desarrollo de la economía. Se trata del debilitamiento -por no decir la casi desaparición- del proceso de descentralización, instrumento por el cual colombianos ilustres se esforzaron en desarrollar para bien de la democracia.

La idea que presidió la necesidad de este sistema fue la de que el municipio es el espacio territorial donde se construyen y fortalecen la democracia y la legitimidad del Estado, por ser sus habitantes los directos beneficiarios de los servicios y, por tanto, los primeros intérpretes de sus necesidades. Como bien se ha dicho, sin democracia en el municipio no puede existir democracia en la nación.

Es evidente, entonces, que en el conjunto de las necesidades públicas y de los servicios llamados a satisfacerlas hay muchos que tienen predominantemente un carácter local y deben ser regulados por la voluntad del grupo social vinculado a ellos. Si su reglamentación y manejo se entregan a quienes no derivan sus poderes del electorado local, sino de sectores más amplios que no tienen en esos servicios un interés directo, se presenta también una verdadera violación de la libertad política.

En perjuicio de este fundamental principio, en Colombia se ha implantado un tipo de descentralización que se puede caracterizar como un modelo híbrido entre los dos extremos que se discuten en la literatura universal: el modelo de agente principal, en el cual los gobiernos territoriales son esencialmente ejecutores de políticas diseñadas en el ámbito central y deben rendir, por tanto, cuentas al Gobierno Nacional por los resultados; y el de escogencia o elección pública local, en el cual las entidades locales gozan de autonomía en la definición de las políticas, obtienen la mayor parte de sus ingresos en forma directa de los contribuyentes y son, por ende, responsables, directamente ante la ciudadanía por los servicios colectivos que prestan.

El caso del hospital de San Juan de Rioseco, discutido en el último Consejo, con la fórmula muy rara de un crédito sin intereses para el municipio, pero pagados por la nación, es una muestra de la confusión prevaleciente y, sobre todo, el equivocado enfoque que se da al tratamiento de los problemas. A veces es delegación, otras es desconcentración, pero no descentralización. El Alcalde implorando y el Presidente tratando de satisfacer angustias.

rosgo12@hotmail.com