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Así las cosas, Uribe declaró, durante la la 54 Cumbre de Gobernadores en Manizales, la emergencia social para "salvar" al sector salud de la crisis en la que está sumido por los costos de los servicios que no están incluidos en el POS, el llamado no POS, pero que se deben asumir por fallos judiciales.

Con ese estado de excepción se busca, según el Presidente, "incorporar los recursos económicos que se requieran para el salvamento financiero de la salud a través de las entidades territoriales".

El Presidente explicó que el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluága, presidirá una comisión de la cual harán parte el Ministro de la Protección Social, el Director de Planeación y los Presidentes de las Federaciones de Departamentos y Municipios, cuyo fin es diseñar, con la ayuda de la Presidencia, los decretos que se tomarán bajo el amparo de la emergencia.

Uribe dijo que se consultarán todos los actores de la salud para que las medidas que se tomen sean las más adecuadas e incluyentes.

Agregó que los recursos que soportarán la emergencia provendrán de los impuestos al consumo de la cerveza, los licores y el tabaco.

El primer mandatario pidió "acompañamiento al Congreso de la República y comprensión a la Corte Constitucional con respecto a la medida para sacarla adelante".

A la inquietud de cuál es la solución estructural a esta problemática, el Ministro afirmó que "el país debe dar una discusión de fondo acerca de hasta dónde está en capacidad el sector salud de prestar servicios no POS, qué tipo de servicios se deben y se tienen prestar y cuáles no, como los tratamientos estéticos".

En este último aspecto el ministro Diego Palacio subrayó que "existen gastos muy importantes en tratamientos estéticos que no deberían ser cubiertos por el sistema de salud".

Con respecto al tema, el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, afirmó que este departamento tiene un déficit de 55.000 millones de pesos en el sector salud generado por el no POS, pero para el gobierno el mismo tiene un superávit de 12.000 millones de pesos. "Tenemos que sacar bien las cuentas a ver qué solución hallamos", dijo Serpa.

160.000 millones de pesos para campesinos

En la Cumbre de Gobernadores el ministro de Agricultura, Andrés Fernández Acosta, anunció que el gobierno dispondrá de 160.000 millones de pesos, a través de Finagro, para asumir los intereses de las deudas de pequeños y medianos agricultores.

La ayuda está dirigida a unos 100.000 campesinos afectados por la caída de los precios de sus productos, ocasionada por la sobreoferta de los mismos, la revaluación y las restricciones comerciales por parte de Venezuela a los exportadores.

La idea es que el Ministerio asuma durante un año el 100 por ciento de los intereses de las deudas de los pequeños productores y el 40 por ciento de los medianos agricultores. Eso si los campesinos deben refinanciar sus créditos. Los requisitos son que el saldo de la deuda no sea superior a los 300 millones de pesos y que el valor total del crédito nunca haya superado los 900 millones.

Fernández le aseveró en dos ocasiones a EL TIEMPO que la medida no es una respuesta a las crírticas contra del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), por el cual se tramitó una moción de censura en su contra en el Congreso, de la que se salvó el martes pasado.