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A partir de esta última fecha, el Legislativo dispone de tres meses (finales de octubre) para aprobar, improbar o reformar la propuesta del Gobierno. A mitad de camino de esta fase (mediados de septiembre) debe quedar ratificado el monto global, que para el 2010 significará unos desembolsos totales por valor de $148 billones (aproximadamente un 30% del PIB nacional).

Definido lo anterior, las últimas semanas de debate parlamentario están enfocadas básicamente a la discusión acerca de la distribución de los recursos en función del impacto que el gasto pueda tener en las distintas regiones y municipios, dispersos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Así ocurre y así ha ocurrido habitualmente en Colombia, pero también pasa en Francia, en Estados Unidos y hasta en Cafarnaún. Por eso, se ha vuelto lugar común afirmar que en nuestro país el proyecto de presupuesto -una vez surtida la etapa de negociación o 'tire y afloje' entre legisladores y Gobierno-, finalmente se aprueba o en sesión conjunta de Senado y Cámara minutos antes de expirar el plazo previsto, a través de la figura del manotazo o pupitrazo limpio.

Este año el escenario cambió de manera importante, ya que por primera vez en mucho tiempo la discusión se centró, no en la repartija regional, sino en la asignación de los recursos por actividad a cubrir, que viene a ser un criterio más elevado y adecuado frente a los intereses meramente electorales.

Esto ocurrió gracias al llamado de atención que públicamente formularon los rectores de las universidades públicas, al considerar que el rubro presupuestal destinado a sus centros educativos no permitiría enfrentar los inmensos retos que hoy implica la prestación del servicio de educación a nivel superior. Que el tema haya sido motivo injustificado para la ocurrencia de hechos de violencia perpetrados por algunos extremistas, no le quita sustento al debate.

Así sea de una manera muy tímida y en cuantía que nunca será suficiente, pues siempre los recursos serán relativamente escasos frente al horizonte de necesidades por satisfacer, hay que reconocer que esta vez el Congreso rindió homenaje a una de las máximas de Teoría Económica, formulada por el primer Premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, y según la cual, si se desea disponer de más armamento para hacer la guerra, necesariamente habrá menos producción de mantequilla y otros bienes de primera necesidad. Sabiamente el legislador en esta ocasión optó por un poco menos de armamento y algo de mayor cuantía para la educación superior. La guerra puede producir réditos políticos a corto plazo, pero no soluciona los problemas de fondo. Por el contrario, todo gasto en educación deja sembrada la semilla para una sociedad más justa e igualitaria en la cual, entre otras muchas ventajas, los conflictos no tienen por qué tener cabida.