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El primero de diciembre próximo entra en vigor el Tratado de Lisboa que le da cohesión política a la Unión Europea, resultado nada despreciable después del estrepitoso fracaso experimentado por la Constitución de Europa a mediados del 2004. Se despeja así el camino para la consolidación de uno de los servicios diplomáticos más poderosos del planeta denominado Servicio Europeo de Acción Exterior, bajo la dirección del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la baronesa británica Catherine Ashton, elegida por el Consejo Europeo para regir los destinos diplomáticos de la nueva Europa con 5.000 funcionarios y un presupuesto de 50.000 millones de euros.

Las nuevas funciones del Alto Representante incluyen por vez primera la delegación europea en lo concerniente a la política exterior y de seguridad común, cuya competencia era celosamente reservada anteriormente por el Consejo de Ministros y los Estados miembros. Como sostiene Shaun Riordan, veterano diplomático británico y actualmente profesor asociado de la London School of Economics, "una tarea crucial del Alto Representante y su Servicio de Acción Exterior será la de aportar la coherencia que tanto se necesita a la relación de Europa con el resto del mundo".

Sin embargo, como afirma Riordan, la tarea no será fácil. La nueva diplomacia europea deberá disputarse la atención de los servicios diplomáticos de los 27 Estados miembros, que en algunos casos como Gran Bretaña, Francia, Alemania y España operan a nivel global. Si bien el Tratado de Lisboa determina que la diplomacia europea "trabajará en colaboración con los servicios diplomáticos de los Estados miembros", no es evidente su automaticidad, menos aún su prevalencia, dadas las auténticas diferencias de prioridades y de objetivos estratégicos. Es bien conocida la cercanía entre Londres y Washington desde la era de la primera ministra, la baronesa Margaret Thatcher. O el interés de Alemania en Europa central, o el de países mediterráneos como España e Italia en el norte de África, o el de Francia en sus ex colonias del África, el Caribe y el Pacífico.

El Tratado de Lisboa reconoce lo anterior, dado que le impide al Servicio de Acción Exterior menoscabar las bases jurídicas, responsabilidades y competencias existentes de cada Estado miembro, respecto de la conducción de su política exterior, su servicio diplomático nacional, sus relaciones con terceros países y su participación en organismos internacionales, incluida la membresía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Felipe González, ex presidente español, hizo público su pesimismo en una reciente entrevista publicada por el diario El País, en la cual se preguntaba si el nuevo servicio diplomático "¿será un instrumento de política exterior que dirija y controle el Alto Representante, o el Alto Representante sólo va a hacer un esfuerzo de coordinación de los distintos servicios diplomáticos? "Creo que vamos hacia la coordinación sin más y no hacia la dirección de un servicio exterior potente", concluye González. La implementación del Tratado de Lisboa y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior ofrecen nuevas oportunidades para la consolidación de un servicio diplomático para el siglo XXI, pero, como sostienen los especialistas, la faena será complicada y el sendero pedregoso.

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