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El catálogo de propuestas pretende enriquecer el debate político y programático con miras a las elecciones presidenciales del 2010 y a suministrar a los aspirantes a la Presidencia de la República, una serie de reflexiones para enfrentar el gran desafío que implica la superación del rezago en infraestructura de transporte.

Entre las propuestas, la organización sostiene que el Presidente de la República debe constituirse en el árbitro entre la técnica y la política. "Como jefe de Gobierno gerenciar la agenda de la infraestructura, sin desconocer la incidencia de los actores políticos en las decisiones sobre financiación, planes públicos y proyectos de infraestructura, que garantice la priorización transparente y técnica de los proyectos y la destinación de los recursos".

El documento también señala que el desarrollo de la infraestructura debe basarse en la construcción de instrumentos que permitan la consecución de objetivos de largo plazo. "Los planes programáticos de los precandidatos deben incluir previsiones sobre la forma como van a ser atendidas las necesidades de la infraestructura secundaria y terciaria de forma que la Nación se pueda concretar en los proyectos para la competitividad.

Según la CCI, en materia de infraestructura carretera el Estado debe emprender proyectos sólo en aquellos casos en los que los tráficos promedio diarios sean de un volumen en particular o que requieran de una participación de las entidades territoriales de un porcentaje definido de la inversión.

Las firmas de ingeniería insisten en la necesidad de madurar los proyectos antes de sacarlos a licitación, pues consideran que esto justifica una acción especial en contratación de estudios y diseños desde el principio del nuevo mandato.

"Las obras deben ser completas desde el punto de vista de su origen y destino; se deben los evitar contratos celebrados 'hasta donde alcance la plata'; esto afecta la credibilidad del Estado y de los contratistas. Las metodologías de elaboración de los presupuestos deben partir de los estudios y diseños y no simplemente de la cuantía de la partida presupuestal disponible".

La CCI afirma que las entidades contratantes deben poner especial diligencia en la contratación de la consultoría para estudios, diseños e interventorías, al tiempo que propone que la investigación y el desarrollo en ingeniería sean impulsadas por la empresa privada y la academia, contando con la concurrencia del Estado.

"El gasto en infraestructura no debe depender de la discusión anualizada del presupuesto público a nivel nacional y territorial", sostiene el documento.

El gremio remata diciendo que los proyectos de inversión en infraestructura no pueden seguir siendo el punto de cuadre de la caja de las finanzas públicas.