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Según lo explicó el ministro de Ambiente, Carlos Costa Posada, la determinación se fundamentó en las recomendaciones de la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. "La posición del Gobierno es que se debe ser lo más estricto posible. Para ello, y para salvaguardar los recursos públicos garantizando el pronto suministro del preciado líquido a quienes más lo necesitan, el decreto adopta la Ley 80 y la Ley 1150 como el estándar de contratación para los PDA", afirmó ayer en rueda de prensa.

También agregó que para el Ejecutivo, cuando las empresas de servicios públicos ejercen como gestores del plan departamental de agua, están desarrollando función pública. El asunto fue detallado por la viceministra de Agua, Leyla Rojas, quien manifestó que "independientemente de la naturaleza de la empresa, así su régimen natural de contratación sea la Ley 142, lo que estamos haciendo prevalecer es que los recursos que se van a ejecutar son públicos, no privados. Por esa razón hay que desarrollar el principio de precaución y todo se va a hacer vía licitación pública, basados en la Ley 80 y la Ley 1150".

En los Planes Departamentales de Agua, incluyendo toda la institucionalidad que conforma el desarrollo de los proyectos (gerencias, gestores, y comité directivo, entre otros), se contrataron 120.000 millones de pesos bajo la Ley 80. Entre tanto, 162.000 millones de pesos se alcanzaron a amparar en la Ley 142 de 1994, es decir, antes del nuevo decreto y mientras estaba la discusión jurídica.