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Despierta gran interés el Congreso que reúne desde ayer en Cartagena a los empresarios colombianos agremiados en la Cámara Colombiana de Infraestructura. El evento ocurre en un momento especial y a la vez crítico para ese sector de la economía nacional. Más de 1.500 ejecutivos del gremio, decenas de congresistas, candidatos presidenciales, representantes de 41 compañías constructoras extranjeras, los ministros de Transporte, Minas, y Vivienda y Medio Ambiente, y el propio Presidente de la República, se han dado cita para evaluar los avances, los significativos rezagos y las trabas para el desarrollo de un sector vital.

Como invitados de lujo estarán los ex presidentes de Chile, Ricardo Lagos, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti, que proceden de países que han experimentado grandes saltos en estas materias y que compartirán sus experiencias con los asistentes, en un panel de lujo que sin duda dejará valiosas lecciones.

A pocas semanas de cerrar uno de los años económicos más difíciles para el país y para el mundo, es bueno recordar que, al arrancar el 2009, el Gobierno anunció que aceleraría los proyectos de infraestructura con el fin de generar una dinámica anticíclica, con la convicción de que las obras públicas lograrían aportar, en materia de inversión y de empleos directos e indirectos, buena parte de lo que pudiese perderse en otros frentes de la actividad económica.

Y algo de eso se ha dado. Las más recientes cifras sobre el comportamiento del sector productivo, indican que la caída habría sido más abrupta si no hubiera sido por el crecimiento de la construcción y en particular de las obras civiles, uno de los pocos -con la minería- que muestra cifras positivas.

Sin embargo, el aporte podría haber sido muchísimo más significativo. Muchos de los proyectos se enredaron o vieron retardado su inicio por problemas en el proceso de adjudicación, que sigue lleno de imperfecciones, falta de transparencia y denuncias de corrupción, como la que llevó a la salida del director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) hace algunas semanas. La realidad es que de los 23 billones de pesos de inversión pública en infraestructura, que anunció Planeación Nacional, a principios del año como parte del plan de choque, no se ha ejecutado sino poco más de la mitad, en una demostración de las enormes limitaciones institucionales para llevar a cabo obras de magnitud, aun cuando los recursos están disponibles.

Y hablando de recursos, comienzan a escucharse, de manera frecuente, quejas de las compañías constructoras que ejecutan esos proyectos, en el sentido de que el Gobierno se está retardando en los pagos y los está poniendo en una difícil situación financiera. Es cierto que los recaudos tributarios no se han comportado como el Ejecutivo esperaba, y que eso sin duda hace parte del problema. Pero si, además de los problemas para adjudicar y poner en marcha proyectos, la Nación pone en aprietos a las firmas contratadas, entonces el objetivo de hacer de la infraestructura el eje del plan anticíclico, será -en términos prácticos- imposible de alcanzar.

De ahí que la presencia de algunos de los más renombrados economistas del país en el evento de Cartagena sea una excelente idea de los organizadores. Nada podrá lograrse en materia de infraestructura si las finanzas públicas andan mal, y menos aún si no hay una política que facilite e incluso estimule el riego de recursos del ahorro privado -como los fondos de pensiones- hacia proyectos de obra pública, tal y como lo han sugerido varios expertos, entre ellos el propio Presidente del Banco Mundial.

Ojalá que la cita de esta semana en Cartagena sirva para aterrizar esas ideas, para conocer las experiencias exitosas de otros países, así como para aprender del gran cúmulo de errores cometidos en Colombia. Éstos, a pesar de las promesas gubernamentales, siguen impidiendo que el país salga del atraso descomunal que tiene en el sector de infraestructura, en momentos en que la globalización exige cada día mejores carreteras, mejores puertos y aeropuertos, y un Estado muchísimo más eficiente. Se trata, al fin de cuentas, de hacer más competitivo a un país en donde todavía las promesas superan a las realizaciones.